El Gobierno sacó a Odebrecht de la lista de constructores del Estado
El ministro del Interior y Viviendas la suspendió por doce meses. La empresa reclama $ 700 millones.
Odebrecht investigada por la Justicia federal por sobreprecios y pago de sobornos, suma un nuevo capítulo de confrontación con el Gobierno: le reclama a AySa $ 700 millones de deuda para la finalización de la planta Paraná de Las Palmas, obra que se adjudicó por un 25% más de su costo inicial. El Estado no está dispuesto, por ahora, a cancelar la deuda exigida, en medio de la salida del gigante brasileño de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento que representaba el principal contrato que les quedaba en el país.
Además, el ministerio de Interior decidió sacar a la empresa del Registro de Constructoras por un año. La empresa brasileña, prefiere no hablar de números.
Sólo sostiene que la obra Paraná de las Palmas está operativa desde 2014 y que pese a que no se concluyó, “no tiene dificultades para funcionar”. El trasfondo es una deuda que dejó la anterior gestión de $ 700 millones que Odebrecht y las demás firmas que integran la UTE (Benito Roggio, José Cartellones Construcciones y Supercemento), le reclaman al Gobierno.
“Todo está bajo evaluación” aseguraron a Clarín fuentes oficiales. De esta manera, se consignó que en principio, esa suma de dinero no se va a abonar ya que se busca determinar si es el número que corresponde en relación a la ejecución de la obra, considerando “las sospechas de sobreprecios que tiene”. A la planta potabilizadora les resta sólo un 4% para estar concluida. “La obra tiene que finalizarse y deberá hacerse con el mismo consorcio porque es un porcentaje mínimo”, indicaron fuentes gubernamentales. La tensión continúa y por ahora, desde la subsecretaría de Recursos Hídricos indicaron que no hay una determinación sobre los $ 700 millones que reclama Odebrecht y la UTE en concepto de certificaciones adeudas. Esta obra, Paraná de las Palmas, está rodeada de irregularidades que son investigadas por el juez Sebastián Casanello quien evalúa solicitar a la Inspección General de Justicia (IGJ) y AFIP un informe sobre las empresas que conformaron el consorcio a cargo de la planta potabilizadora y sus movimientos contables de cada una.
El presupuesto oficial de la licitación de la obra, fue de $ 1.838 millo- nes, la adjudicación a favor de la UTE de Odebrecht, fue por $ 2.293 millones: Un 25% por encima del costo inicial. La ejecución del contrato se retrasó casi 60 meses, “encareciendo sus costos en un 78%”, consignó la Auditoría General de la Nación (AGN).
En un marco “de marcadas irregularidades”, como indicaron desde el Gobierno, la UTE reclama la millonaria deuda. Mientras se analiza cómo resolver la situación, ayer el Consejo del Registro Nacional de Constructores, que dependen del ministerio del Interior, decidió suspender de modo “preventivo y por doce meses la tramitación del certificado de capacidad de contratación anual para Licitación”, por parte de Odebrecht.
Esta medida prohíbe que durante un año, la empresa se presente en los procesos de adjudicación de obra pública en nuestro país en los que se exige dicho certificado que determina, la capacidad que las constructoras tienen para emprender los contratos por los que concursan.
La decisión fue impulsada por los procesos judiciales contra la empresa investigada por corrupción y lavado de dinero. El Consejo entendió que Odebrecht “no acreditaba” los parámetros de responsabilidad exigidos a las constructoras, al haber reconocido la utilización de cuentas bancarias para “realizar pagos indebidos y para ocultar prácticas corruptas, de formación de cartel y de fraude a los procedimientos licitatorios”, dice la resolución al a que accedió Clarín.
Con un frente judicial complejo, la semana pasada la constructora dejó el consorcio que integraba con Iecsa (que perteneció a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Ghella y la española Comsa, que tiene la construcción del soterramiento de Tren Sarmiento, con una inversión de 3.000 millones de dólares, obra rodeada por sospechas de sobreprecios y coimas.