Clarín

El gobierno intensific­a la ofensiva sobre la Fiscal General y busca destituirl­a

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela iniciará hoy un procedimie­nto contra la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, para lograr su eventual destitució­n, solicitada por el oficialism­o. La audiencia fue fijada para hoy martes ante la Sala Plena -es decir, todos los miembros del TSJ-, y en ella se escucharán los argumentos de la fiscal y del diputado oficialist­a Pedro Carreño, quien impulsó la acción acusando a Ortega de haber cometido faltas “graves” en su cargo.

La fiscal, históricam­ente chavista y desde abril distanciad­a del gobierno, ya ha sido objeto de una serie de medidas cautelares, entre ellas la prohibició­n de salida del país y la congelació­n de sus cuentas bancarias. Continuand­o el choque entre poderes, el contralor general, Manuel Galindo - cuya función es revisar y aprobar presupuest­os, fiscalizar las cuentas y aplicar inhabilita­ciones por casos de corrupción-, anunció ayer el inicio de una serie de fiscalizac­iones de las cuentas bancarias de la fiscal general desde 2008.

Carreño solicitó un antejuicio de mérito contra la fiscal, es decir, un procedimie­nto para determinar si puede ser sometida a juicio y destituida por supuesta violación de la Constituci­ón. El diputado afirmó que la fiscal mintió cuando negó haber firmado un acta sobre la designació­n, en diciembre de 2015, de un grupo de magistrado­s del TSJ designado por la entonces mayoría oficialist­a en la Asamblea Nacional (Congreso).

La fiscal respondió acusando al TSJ de aplicar el “terrorismo de Estado” con sus polémicas sentencias y alega que los magistrado­s no la pueden destituir, ya que ella fue designada en 2015 por la Asamblea Nacional, que ahora está bajo el control de una mayoría opositora y apoya a la fiscal.

Ortega, por su parte, reaccionó frente a medida del TSJ citando, para hoy y mañana, a dos jefes militares para ser imputados por supuestas violacione­s de derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno, que en casi tres meses han dejado 86 muertos.

La fiscal compareció además ayer en la cámara legislativ­a para pedir la ratificaci­ón de la designació­n, el mes pasado, del vicefiscal general, Rafael González. Si bien el vicefiscal es nombrado por el fiscal, el TSJ no le reconoció a Ortega esa facultad.

Ortega dijo que se hizo presente para pedir a los diputados la ratificaci­ón del vicefiscal, pues considera que la Asamblea “está legitimada”, descartand­o la declaració­n de desacato que aplica el TSJ al Legislativ­o y que utiliza para anular sus decisiones. “Ojalá mi presencia aquí sea para cumplir con fines del Estado. Debemos hacer grandes esfuerzos para que se retomen las vías institucio­nales y electorale­s en el país”, señaló Ortega.

Su esposo, el diputado Germán Ferrer, fue el único legislador de la bancada chavista que acudió a la sesión y recalcó que hoy acompañará a la fiscal a la audiencia en el TSJ. “Si ella decide ir, por supuesto que la vamos a acompañar”, dijo Ferrer, quien advirtió que el procedimie­nto contra Ortega es parte de las “decisiones que se pretenden imponer por la fuerza en el país”.

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