Una agenda política que atrasa
Tres formas del pasado aparecen en disputa en el inicio de la campaña. De un lado, el que encarna en un kirchnerismo para el cual el Estado es el único actor relevante de la vida pública, ese ogro (presuntamente) filantrópico, para utilizar la conocida expresión de Octavio Paz, que por medio de una planificación centralizada y necesariamente autoritaria decidirá dónde se obtienen los recursos y cómo se aplican, y que es, en definitiva, un mal modelo de capitalismo y un mal
modelo de democracia. Del otro, un oficialismo que confía ciegamente en las virtudes dinamizadoras que tiene el gran capital globalizado para movilizar la economía, que confía en que el mercado es el mecanismo más adecuado para asignar eficientemente la riqueza, y que limita las funciones del Estado a su capacidad de construir las infraestructuras para que ello ocurra y a dar asistencia a los perdedores del proceso. Se trata esta vez de un capitalismo más abierto y competitivo, y de una democracia también más abierta desde una
perspectiva liberal, pero cerrada desde una
perspectiva social ya que limita el acceso a la competencia de los sectores menos favorecidos. Por último -el tercero en esta disputaun peronismo que da también centralidad al Estado, pero en una alianza con determinados actores empresariales (y sus contrapartes sindicales) que representan al capitalismo prebendario más tradicional de nuestro país, cerrado, no competitivo y rentista.
De cierto modo, cada uno de quienes expresan esas fórmulas está persuadido de que la causa de las dificultades de nuestro país es
culpa de los otros, y que si hubiera tenido la capacidad de conducir el proceso político durante un tiempo suficientemente extenso y sin interferencias la situación no sería tan dramática. No resulta evidente que alguna de estas visiones sobre lo que es adecuado para el país haya sido exitosa en el pasado, pero parece obvio que no puede serlo en el presente y que, sin duda, ninguna es suficiente para conducir a la sociedad a un futuro mejor. Se trata de estrategias orientadas a defender, para usar la fórmula de Vicente Palermo, los privilegios de los “grupos de interés minoritarios pero intensos” que las llevan adelante, más que de modos de desarrollar y cuidar el interés común y los bienes públicos, y son por tanto fundamentalmente conser
vadoras, poco abiertas a la contemporaneidad y a interrogar al futuro, que se presenta siempre como una amenaza al status quo que esos mismos grupos dicen defender.
Los problemas que enfrenta el país no pueden resolverse con las fórmulas ya puramente retóricas que reclaman más Estado, más mercado, o la continuidad de la colusión predatoria entre uno y otro a expensas de la so
ciedad. Deben resolverse ante todo con una imaginación política que está ausente de una agenda que se niega a mirar a la realidad a los ojos. ¿Cómo es posible, si no, que se insista en promesas de creación de empleo para todos -y, peor aún: de calidadcuando es evidente que ya no hay suficiente trabajo, y que eso no hará más que agravarse? Pero, como si fuera uno más de los bienes suntuarios detrás de los cuales se hace correr a consumidores que nunca podrán alcanzarlos, se hace correr a los jóvenes -y no solo a ellos- detrás de la ilusión de obtener empleos cada vez más escasos y que en consecuencia nunca tendrán, al mismo tiempo que se los hace responsables por no conseguirlos. Es necesario comenzar a discutir, entonces, un in
greso ciudadano universal que garantice umbrales de dignidad para todos. Es necesario discutir una reforma previsional que retrase la edad jubilatoria, pero acompañada de una reducción progresiva de la jornada laboral -o directamente de la semana laboral- de modo que la población de mayor edad trabaje menos horas que los jóvenes. Es necesario pensar una estrategia de poblamiento que ayude a distribuir a los habitantes de un modo más armónico y eficiente por el territorio. Es necesario diseñar una estrategia de desarrollo apoyada más en la creatividad y en la inteligencia que en la explotación de los recursos naturales. Es necesario encontrar los medios para distribuir el poder y la riqueza de un modo más justo e igualitario, y así permitir a la sociedad y a sus integrantes ser, también, más libres y más autónomos.