El juez Ercolini decide si indaga a Gils Carbó por la compra irregular de un edificio
El fiscal Taiano la acusó de fraude, cohecho y tráfico de influencias por la compra de un edificio por el que se pagó una comisión ilegal. Ahora el juez Ercolini debe decidir si lo acepta.
Un fiscal pidió que declare como sospechosa. Si es procesada, el Gobierno buscará destituirla. Pero Carrió ya avisó que se opone a que sea por decreto como plantearon algunos funcionarios. Y prefiere el juicio político. Pero el oficialismo no llega al número en el Congreso.
Para el fiscal, su jefa “no sólo conocía” la maniobra sino también “participó” de ella. Se pagó una comisión de $ 7,7 millones a un intermediario, pese a que estaba prohibido
El fiscal federal Eduardo Taiano dicta
minó ayer que la procuradora general de la Nación, la cuestionada Alejandra Gils Carbó, debe ser citada a prestar declaración indagatoria por la presunta comisión de delitos en la compra del edificio donde hoy funcionan sus oficinas y otras dependencias de la institución.
De acuerdo con el fiscal, la operación inmobiliaria por la que cuatro años después fue apartado un funcionario de la Procuración -recién cuando el caso tomó estado públicopudo haber implicado la comisión de los delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".
El cohecho es el término técnico de las más populares coimas, que en este caso podrían haberse canalizado, según el fiscal, a través de la comisión que cobró de la firma vendedora del edificio (Arfinsa S.A.) un medio her-
mano del funcionario sumariado en la Procuración.
Se trata del edificio ubicado en Perón 667, en pleno centro porteño, adquirido en julio de 2013 por la Procuración a cambio de 43,8 millones de pesos. De acuerdo con las constancias de la causa, la firma vendedora pagó una comisión total de $ 7,7 millones a una inmobiliaria que no solía trabajar en esa zona y la dueña de ésta abonó $ 3 millones por asesora
miento a Juan Carlos Thill, un hombre que no estaba vinculado al rubro inmobiliario.
Este hombre resultó ser medio hermano del entonces subdirector general de la Procuración, Guillermo Bellingi, quien había desembarcado en la institución luego del nombramiento de Gils Carbó, quien lo sumarió este año recién después que el caso trascendiera a la prensa.
Tanto Bellingi como Thill, junto con otros además de otros ocho funcionarios y privados intervinientes en la compraventa del edificio, además de Gils Carbó, deberían ser indagados, de acuerdo con el dictamen de Taiano, difundido ayer por fiscales.gob.ar.
El pedido del fiscal será estudiado ahora por el juez Ercolini, quien no tiene plazos para responder a la solicitud aunque probablemente el tema pase para después de la feria judicial de invierno que comienza el lunes próximo y se extenderá por dos semanas.
Taiano, quien tenía delegada la instrucción de la causa, sostuvo que "con el grado de sospecha propio de esta etapa procesal, puede sostenerse que el proceso licitatorio nro.01/2013, vinculado a la adquisición de un inmueble para funcionamiento de dependencias de la PGN, fue direccionado por los funcionarios públicos inter- vinientes, quienes adoptaron las decisiones necesarias para adjudicarlo a la empresa Arfinsa".
En ese grupo de personas, de acuerdo con el fiscal, se encuentra Gils Carbó, por su rol de titular de la Procuración. Paralelamente, ayer hubo polé
mica hasta dentro del propio oficialismo por las declaraciones del diputado Pablo Tonelli (PRO-Cambiemos) sobre la posibilidad de remover a la procuradora a través de un decreto presidencial (ver aparte).
"La injerencia de Thill ante la PGN y su intermediación junto a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. en la Licitación Pública nro.01/2013 propició el desvío del interés de la administración pública para la satisfacción de intereses personales", expresó el fiscal al final de su dictamen.
"La firma Arfinsa contó con información privilegiada de la operatoria y a cambio abonó enormes comisiones que persiguieron dar un viso de legalidad a un dinero destinado a comprar la voluntad de los funcionarios públicos que le aseguraban la adjudicación de la Licitación Pública nro.01/2013", añadió Taiano.
El abogado defensor de la procuradora, Alejandro Rúa, había presentado un escrito en nombre de Gils Carbó el lunes, ante el rumor de que el fiscal pediría su indagatoria. Se trata del tercero desde el inicio de la causa nacida a partir de un anónimo cuyo contenido, según Rúa, no se pudo comprobar. Sin embargo, Taiano sostuvo que ella "no solo conoció el entretelón de la ilícita intención con la adjudicación a la empresa Arfinsa, sino que a su vez participó activamente en su desarrollo al aprobar cada uno de los actos que implicaron determinaciones de fondo para su materialización". w