El funcionario suspendido por Gils Carbó volvió a la Procuración
Guillermo Bellingi intervino en la sospechosa compra del edificio. Lo enviaron a la biblioteca.
Guillermo Alfredo Bellingi, el funcionario de la Procuración General de la Nación involucrado en la causa judicial que derivó en el llamado a declaración indagatoria de la titular de esa institución, Alejandra Gils Carbó, volvió a trabajar luego de la suspensión que se le impusiera tras conocerse públicamente su intervención en la compra de un edificio del organismo.
Así se lo dijeron a Clarín fuentes ju-
diciales, las que destacaron que el sumario abierto contra Bellingi aún no concluyó pero que el funcionario exigió volver a su trabajo para poder cobrar su salario. La procuradora, de acuerdo con las fuentes, decidió que Bellingi no volviera a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde se desempeñaba al momento de ser suspendido, sino a la biblioteca de la institución.
Como subdirector general de la Procuración, Bellingi participó de la licitación 1 del 2013 que culminó a mediados de ese año con la compra
del edificio de la calle Perón 667 a cambio de 43,8 millones de pesos. La firma vendedora, Argentina Financiera S.A. (Arfinsa), del grupo Bemberg, pagó 7,7 millones de pesos de comisión a la inmobiliaria Jaureguiberry, y la dueña de ésta abonó a su vez por asesoramiento 3 millones de pesos a un medio hermano de Bellingi llamado Juan Carlos Thill.
La Justicia sospecha que Bellingi aportó información privilegiada a los ganadores de la licitación 1/2013 y que ésta estuvo armada a medida pa- ra que la millonaria compra fuera a la firma Arfinsa. En el edificio de Perón 667 tiene sus oficinas la procuradora y allí funcionan otras dependencias de la institución a su cargo. Bellingi y Gils Carbó fueron citados a indagatoria el viernes pasado
por el juez federal Julián Ercolini en la causa que se abrió a partir de un anónimo sobre presuntos delitos en la licitación de hace cuatro años. La procuradora deberá presentarse el 31 de agosto y no piensa renunciar a su cargo, según dijo a la prensa la semana pasada. Hay otros diez imputados y el anterior a Gils Carbó será Bellingi, el 28 de agosto.
El sumario abierto contra Bellingi por decisión de Gils Carbó está a cargo del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y estaría concluido para la primera semana de agosto, tras la feria judicial de invierno que hoy se inicia, según estimaron las fuentes consultadas por Cla
rín. Bellingi se negó a declarar. Probablemente haga lo mismo en la causa penal. Bellingi "ocupó un lugar decisivo"
en el trámite de la licitación cuestionada, según definió el fiscal Eduardo Taiano al pedir su indagatoria y la de los otros imputados, entre ellos Gils Carbó, quien lo llevó a la Procuración a poco de haber asumido, en setiembre de 2012 y como sucesora de Esteban Righi, quien renunció a mediados de ese año como coletazo del escándalo por la imprenta Ciccone Calcográfica.
Taiano destacó en su dictamen que Bellingi fue nombrado en la Procuración menos de un mes después del
desembarco de Gils Carbó "en el inédito y novedoso cargo de coordinador de la Procuración General", con "de
pendencia directa" de ella y "en equiparación con el puesto de subdirector general".
"Los antecedentes de Bellingi reflejaban una amplia experiencia en materia de licitaciones y demás contrataciones administrativas, indicador de la actividad que la Procuradora General le encomendaría" poco tiempo después en la compra del edificio, según escribió el fiscal al acusarlos.
Taiano cree que la licitación investigada fue "direccionada" hacia Arfinsa por las gestiones de Bellingi y
su medio hermano. Y dijo que la procuradora, su jefa administrativa, "participó activamente" de la licitación "al aprobar cada uno de los actos que implicaron determinaciones de fondo para su materialización".
Un medio hermano de Bellingi cobró $ 3 millones de comisión por la venta.