Venezuela: qué quedará del chavismo
Cientos de venezolanos esperaban pacientemente. La fila avanzaba despacio, y muchos tardaron cinco horas para poder emitir su voto. El centro de votación no estaba en el consulado, sino en una
“arepera”, un pequeño bar que había despejado su sótano para acomodar unas improvisadas mesas electorales.
Escenas similares se repitieron en todo el mundo - en Buenos Aires y Lima, New York y Pittsburgh, Madrid y Lisboa- cuando los expatriados se movilizaron el pasado domingo para apoyar el referéndum que ocurría ese mismo día en Venezuela. Al final del día, más de siete millones de personas, casi 10% de ellas desde el exterior, habían votado para defender la constitución.
La oposición venezolana parece haber capturado el entusiasmo y la creatividad popular que alguna vez pertenecieron exclusivamente al chavismo. Esto pone al presidente Nicolás Maduro en un serio problema: un populista sin pueblo es un general sin soldados.
Aunque rechazado por Maduro, silenciado por la televisión, y organizado sin apoyo del Consejo Nacional Electoral, el referéndum del domingo fue sin embargo un acto
legal. El artículo 71 de la constitución venezolana permite a la Asamblea Nacional consultar al pueblo sobre “materias de especial trascendencia”. Los resultados de un referendo consultivo no tienen carácter vinculante, pero su mensaje político es difícil de eludir. Redoblando la apuesta, la oposición ha convocado a una huelga general este jueves. La consulta popular expuso una realidad: chavistas y opositores rechazan el plan del Gobierno para elegir una asamblea constituyente a fines de este mes. Una encuesta nacional comisionada por la Universidad Católica Andrés Bello a fines de DEBATE mayo indicó que menos del 15% de los chavistas creen que la constituyente ofrezca una solución a la crisis, y apenas el 5% de los venezolanos apoyan esta alternativa.
¿El fin del orden chavista? Si el plan oficial sigue en marcha, la constituyente será elegida el 30 de julio por medio de un inusual procedimiento indirecto que garantiza una mayoría oficialista, y serviría como excusa para disolver el poder legislativo. Es una desesperada fuga hacia adelante del presidente Maduro, quien busca ganar tiempo, aunque esto signifique acabar con el legado constitucional de Chávez. La estrategia para sobrevivir la crisis con- siste en cerrar cada vez más los espacios institucionales. Anticipando una derrota, el gobierno impidió judicialmente la realización de un referendo revocatorio a fines del año pasado. Ha desconocido la autoridad de la Asamblea legislativa y suspendido las elecciones regionales y municipales. Pero las elecciones presidenciales se aproximan en 2018, y el escenario no es bueno.
Según la encuesta mencionada, en una elección presidencial la oposición cosecharía hoy el 48% de los votos y el chavismo recibiría apenas el 26% (el resto de los votantes se declara independiente o abstencionista). Consultados por su identidad política, ape-
nas con el Maduro,16% de mientraslos venezolanosque otro se 13% identifica defiende a ChávezUn dilema pero de no coherenciaa su sucesor. histórica. Considerando que las familias venezolanas sobreviven con pocos alimentos y casi sin medicinas, el menguado apoyo al gobierno resulta de todos modos sorprendentemente alto. Tampoco escapa a los observadores una paradoja: la oposición se ha movilizado masivamente para defender la constitución impulsada por Hugo Chávez en 1999. Estos datos reflejan que el chavismo ha creado un legado persistente.
Sin embargo, este legado no es suficiente para mantener al Partido Socialista Unificado de manera indefinida en el poder. Y esto coloca al Gobierno frente a un dilema de coherencia histórica. El proyecto político de Hugo Chávez estuvo siempre justificado por una concepción muy particular de la democracia. Según esta visión— que no resulta ajena a muchos políticos argentinos— quien gana las elecciones, aunque sea por un voto, tiene derecho a mandar sin restricciones. La ley es un instrumento de gobierno, no un límite al poder de las mayorías. Hace ya más de dos décadas, el politólogo Guillermo O’Donnell describió esta visión como una concepción “delegativa” de la democracia.
Si el gobierno de Nicolás Maduro respetara la filosofía delegativa del chavismo originario, debería entregar el poder a sus enemigos declarados de la MUD, quienes comandan hoy los votos. Si, por el contrario, reniega del principio invocado persistentemente por Hugo Chávez durante más de una década, su menguada legitimidad se evaporará rápidamente.
El artificio constituyente no puede resolver este dilema, y el gobierno venezolano deberá finalmente entregar el poder o aumentar los niveles de represión. Tras la euforia del domingo, es posible que muchos venezolanos enfrenten entonces un momento de desesperanza. Los líderes democráticos deben prepararse para una nueva—y quizás larga—fase de resistencia no violenta a partir del 30 de julio. w