El votante debe conocer quién financia las campañas
Es posible que el ciudadano conozca a los candidatos que está votando si ignora quién financia su campaña electoral? La subdeclaración de gastos de campaña y el uso indiscriminado de efectivo para aportes ocultan la identidad del donante e impiden al ciudadano tener los datos necesarios para hacer un voto informado. Permiten lo que la ley prohíbe: el anonimato de los donantes.
El costo estimado para una campaña presidencial en 2015 fue 1.000 millones de pesos, pero el máximo que llegó a declarar una alianza electoral llegó a 129 millones. De ese monto, el 90% de los aportes se hizo en efectivo. El votante puede juzgar al candidato por su programa y discurso, pero no sabe si es financiado con dinero de origen legal o ilegal. Ignoramos también si las decisiones políticas que toman nuestros representantes están influidas por quienes aportaron a sus campañas.
Si el donante puede ocultarse, el ciudadano carece de información crucial para ejer- cer su derecho en las elecciones. Pero también debilita a los políticos que quieren dar transparencia a sus actos y a los empresarios, sindicatos o individuos que aportan con ingresos legales a las campañas electorales. Con las reglas actuales la sospecha los cubre a todos.
Hay coincidencia en el gobierno, la sociedad civil y en muchos de los bloques del Congreso de la Nación sobre un conjunto de propuestas para convertir en ley un nuevo régimen de financiamiento de la política. Limitar las donaciones en efectivo, bancarizar los aportes, permitir aportes de personas jurídicas y controlar los aportes durante la campaña de modo online, pueden ser herramientas legales que revelen quiénes donan, cuánto y a quién. La bancarización permitiría trazar el origen de los fondos y, con ello, el votante podría identificar a los verdaderos aportantes. Hacer a los candidatos responsables frente a irregularidades y establecer sanciones costosas creará incentivos consistentes con un régimen de financiamiento transparente. Nadie espera un cambio legal en el régimen de financiamiento a las puertas de un proceso electoral. Pero sí hay espacio para que aportantes y candidatos se comprometan a donar y recibir en blanco, a bancarizar el circuito de financiamiento político. Si los consensos sobre el diagnóstico y las soluciones existen y las negociaciones avanzan, la ventana de oportunidad aparecerá tarde o temprano.
La alternativa es esperar, una vez más, que sea un Odebrecht, un Lavajato u otro escándalo de corrupción que movilice el cambio. No sería la primera vez que sean los daños irreparables los que generen los cambios que la política argentina no consigue producir. Hay, sin embargo, un consenso que une a dirigentes del oficialismo, la oposición y a la sociedad civil que debemos aprovechar para llegar a la elección de 2019 con una ley que brinde al ciudadano transparencia, información verdadera y sanciones efectivas a candidatos y donantes que ocultan financiamiento espurio.