Clarín

El ajuste a la manera de Macri

- Marcelo Canton mcanton@clarin.com

Si alguien quiere decir que ya empezó el ajuste de Macri, tendrá ahora números para ratificar sus dichos. El gasto público bajará en el último trimestre del año un 10% en términos reales, dicen en el Gobierno. Pero, claro, lo acompañan con un dato de igual impacto: para ese momento, la economía estará creciendo a un ritmo del 5%. ¿Impacto electoral? Los funcionari­os confían en que será todo “viento de cola”, mientras los gobernador­es del PJ, muchos de los cuales perdieron la elección pero igual quieren desplazar a Cristina de la escena, se preparan para una discusión durísima por plata.

El déficit fiscal primario (ingresos menos gastos) está dentro de los parámetros previstos, pero muchos analistas empiezan a mirar con más atención el déficit financiero. Veamos por ejemplo el informe de ASAP, el instituto que analiza con más detalle el gasto público. Según su último informe, en los primeros 7 meses del año el déficit público llegó a $ 250.694 millones, un 92% más que en 2016. Es que el pago de intereses subió $ 154.521 millo

nes. Pese a que los subsidios bajaron un 16%, en el período los gastos totales crecieron un 35,6%, mientras los ingresos tuvieron un alza del 26,8%. ¿Cómo lo ven en Hacienda? Como una situación que “ya está mejorando”.

En el equipo de Nicolás Dujovne reconocen que en el primer semestre del año el gasto creció a un ritmo del 38%. “Pero en agosto y setiembre lo contuvimos y el alza es del 18%, ya por debajo de la inflación –dicen-. Y en el cuarto trimestre del año crecerá a un ritmo del 10%”. Cruzando esos números con la inflación esperada, continúan los hombres de Hacienda, para fin de año "el gasto promedio de 2017 tendrá una caída del 4% en términos reales”.

Así, aseguran, podrán cumplir con lo objetivos de déficit fiscal de este año: 4,2% del PBI. ¿Y el año próximo? “Cumpliremo­s con el 3,2%”, aseguran. El dato es interesant­e, porque será uno de los números clave en el proyecto de Presupuest­o que el Presidente envíe al Congreso el mes próximo. Pero no todos los funcionari­os creen que sea así. Hay hombres más optimistas que Dujovne en la Casa Rosada. Pero todos buscan mantener sus expectativ­as en un bajo perfil. ¿Por qué? La explicació­n arranca en otro número clave del Presupuest­o, cuál es el crecimient­o esperado. Hoy en el equipo de Dujovne confían en que la economía crecerá en el último cua- trimestre del año a un ritmo del 5%, comparada con 2016. Si, justo para las elecciones. Qué políticame­nte oportuno para el Gobierno, no?

Con esa tasa de crecimient­o habrá un fuerte arrastre para comienzos del año próximo. Entonces se podría superar los números de 2017. Pero en Hacienda no quieren apostar a ello: es que su meta real es que el déficit fiscal baje al 3,2%, “y si ponemos un crecimient­o más alto, el gasto también crecería y no es nuestra idea”. “No podemos poner por caso que esperamos crecer al 4,5% porque entonces todos pedirían más”, precisan, por si hiciera falta. Cualquier parecido con la política de

subestimar los números de Roberto Lavagna para tener mejores resultados que los prometidos es pura casualidad. Y justamente ahí hay otro punto de conflicto numérico en la discusión final del Presupuest­o: ¿cuál será la tasa de inflación a que apuntarán? En estos días se dice que Mauricio Macri prefiere una baja más gradual en ese indicador a cambio de un crecimient­o más firme. ¿Lo habrá acordado ya con Federico Sturzzeneg­ger? En medio se abre una discusión millonaria que preocupa a muchos funcionari­os: los fondos coparticip­ables con las provincias. En algún despacho de la Casa Rosada temen que la Corte Suprema falle antes de las elecciones de octubre sobre la demanda de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano. Estamos hablando de un reclamo de $ 54.000 millones que deberían salir del bolsillo de los gobernador­es. Hay analistas que no creen que el tribunal tenga tiempos técnicos para llegar a una decisión así en esos plazos. No habría terremoto financiero federal en pleno tiempo electoral, dicen.

Pero el Gobierno sabe que es una espada de Damocles sobre la pelea con los gobernador­es. ¿Qué esperan? Una salida muy a lo Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte: un poquito para acá, otro poquito para allá. En concreto, la Rosada no cree que haya un fallo sobre la cuestión de fondo, sino un amparo que conceda que parte de los recursos discutidos pasen ya a manos de María Eugenia Vidal, mientras que a la vez convoca a una negocia

ción política. “¿Te lo imaginás a Lorenzetti enojando a todos los gobernador­es, que son los que mandan en el Senado, que es a su vez quien juzga a los jueces?”, dice un altísimo funcionari­o. ”Y mucho menos con Lilita Carrió suelta y ganando con el 50% de los votos”, agrega con explícita maldad, conocido el encono entre la candidata de Cambiemos y el titular de la Corte.

Los gobernador­es, dicen en el Gobierno, “quieren consolidar” un ingreso que se embolsaron por años, el del Fondo del Conurba

no, y resistirán la discusión. ¿Será entonces este el momento de arrancar con el debate de la coparticip­ación federal? ¿Se pondrá entonces sobre la mesa también la tan mentanda Reforma impositiva, que podría afectar a los ingresos provincial­es?

Tiempo al tiempo, es la respuesta oficial. En principio, acordaron con las provincias el Acuerdo Fiscal que pone topes al gasto de los gobernador­es. Lo mandarán al Congreso el

mes próximo con el Presupuest­o. O sea, será ley que los estados provincial­es tengan límites en el déficit o en nombramien­tos de empleados públicos. Esos temas se debatirán en el Congreso en el tiempo electoral.

En paralelo, la Casa Rosada quiere discutir caso por caso el gravamen que más preocupa a los empresario­s, Ingresos Brutos. “No tenemos facultades para regularlo, pero lo vamos

a negociar con cada gobernador”, dicen los funcionari­os nacionales. Pero ponen plazos: esa mesa de debate no se abrirá antes de las elecciones. “No podemos contaminar el tema con la puja electoral”, dicen. El siguiente punto de la agenda es el envío al Congreso de la Reforma impositiva, ese enorme paquete cuya justificac­ión teórica supera las 200 páginas. Será también después de las elecciones de octubre y antes de

fin de año, dicen los funcionari­os nacionales, que se niegan a dar precisione­s y acusan de lobistas a empresario­s que ya hablan de subas de alícuotas en casos específico­s.

Con sonrisas y diciendo que son buenas noticias, la pelea por los números de la economía se tensa.

El gasto público bajará en el último trimestre un 10% en términos reales, dicen en el Gobierno. Lo acompañan con otro dato: para ese momento, la economía estará creciendo al 5%.

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