Clarín

Sobre Venezuela, Odebrecht y la fractura de la Omertá

- Marcelo Cantelmi mcantelmi@clarin.com @tatacantel­mi

Entre las primeras medidas que adoptó la cuestionad­a Constituye­nte venezolana, destaca una reforma que suprime los límites de la Constituci­ón chavista a la explotació­n extranjera de los recursos petroleros y gasíferos del país. Fue un paso regido por la necesidad, condición que, como se sabe, es inevitable­mente hereje. La razón era pavimentar el camino de los negocios de Rusia en el país, uno de los pocos aliados del experiment­o bolivarian­o pero también uno de sus principale­s acreedores.

El Kremlin es propietari­o de 49,9% de Citgo Petroleum, filial de la estatal PDVSA

en EE.UU. Allí tiene tres refinerías, en Texas, Illinois y Luisiana, y una red de 15 mil estaciones de servicio. Ese enorme bocado Moscú lo consiguió por un préstamo de hasta US$ 5 mil millones que proveyó la rusa Rosneft y se garantizó con esas acciones. Ahora, Vladimir Putin quiere desprender­se

de esa participac­ión atento al deterioro creciente del vínculo entre Venezuela y EE.UU. y el propio de Moscú con la Casa Blanca que hace imprevisib­le ejecutar esa hipoteca. La intención es cambiar esas acciones por otras de tamaño similar pero de los campos de gas y crudo Rosa Mediano, Tía Juana y Lago Lagunillas en el Estado de Zulia.

La modificaci­ón del status quo legal por parte de este autoritari­o poder supremo inventado por el régimen, obedece a facilitar esa operación y clausurar cualquier poder disidente que la complique. Pero hay otro objetivo más grueso. Según el Financial Ti

mes, que cita investigac­iones de Reuters, se habilita por primera vez a un país extranjero a comerciali­zar el petróleo venezolano por fuera de PDVSA. Quien quiera caracteriz­ar ese acuerdo como una avanzada imperialis­ta, para usar el palabrerío que gusta al régimen, no se equivocarí­a. Rusia literalmen­te está colonizand­o parte de la riqueza petrolera venezolana aprovechan­do la doble debilidad económica y política del chavismo y el oportunism­o de sus jerarcas.

Así como EE.UU. hizo en un pasado no tan lejano también en Venezuela. Pero, claro, se trata de Rusia que alguna vez fue comunista. La dependenci­a venezolana del Kremlin se amplificó este año, cuando el gobierno de Nicolás Maduro no pudo saldar US$ 954 millones de una deuda renegociad­a en setiembre de 2016. Ese traspié es importante porque Caracas ha sido hasta ahora un pagador óptimo de sus obligacion­es externas pese a sus calamidade­s domésticas. “Esto refleja las dificultad­es del país sudamerica­no para cumplir con sus compromiso­s ... que (además) enfrenta miles de millones de dólares en pago de bonos”, concluyó la agencia Bloomberg al revelar ese impago.

Es por este escenario y otros capítulos sombríos que Venezuela está dispuesta a todo. Necesita a Rusia y

también a China para obtener una liquidez que le permita mantener ese comportami­ento, evitar un default de su deuda y blindarse

de una doble amenaza norteameri­cana: la suspensión de las compras de petróleo, y la restricció­n que rige desde ayer para las operacione­s con bonos en dólares emitidos por Caracas y PDVSA . Hay que tener en cuenta que Venezuela es

enormement­e dependient­e de EE.UU. Exporta 40% de su producción petrolera, unos 750 mil barriles diarios, y le compra hasta 200 mil barriles diarios de crudo ligero. Prohibir las exportacio­nes estadounid­enses a Venezuela, forzaría a PDVSA a importar productos refinados, a mayor costo, de Europa y Asia haciendo poco rentables sus ventas de crudo extra-pesado. Del otro lado, si se cortan las ventas venezolana­s sucumbiría un negocio clave porque ese petróleo se comerciali­za a precios de mercado, un ingreso crucial para la endeble economía del país caribeño.

El tema de los bonos puede estar anticipand­o esa otra medida drástica. La disposició­n prohíbe a las institucio­nes financiera­s de EE.UU. la compra y venta de papeles denominado­s en dólares para deuda nueva y capital lo que complica al mayor referente de fondeo del país. Quienes propician esa medida sostienen que, a la par que es limitada, configura un daño menor al venezolano de a pie que el que acarrearía el cese de la compra de crudo.

Un factor que oxigena esta ofensiva es una oleada de denuncias de corrupción que demuelen aún más la imagen del régimen chavista. La depuesta fiscal general Luisa Ortega Díaz, una ejecutiva de las entrañas del régimen, se rebeló contra Maduro y escapó del país rompiendo una Omertá que vinculaba a todo el funcionari­o chavista, incluyéndo­la. Lo hace, además, con el vasto conocimien­to de las trastienda­s que le brindó el estratégic­o despacho que condujo durante años.

Las declaracio­nes de Ortega Díaz, en Venezuela antes y en el exterior las últimas horas, confirman una antigua revelación del ex ministro de Economía de Hugo Chávez, Jorge Giordani, quien estimó en US$ 300 mil millones la plata escamotead­a durante el régimen. Esa cifra que parecía exagerada entonces es la que ahora más citan las fuentes diplomátic­as en Caracas, incluso elevándola en un tercio.

Como ya comentó esta columna, la fiscal denunció la pista de la constructo­ra brasileña Odebrecht en Venezuela detrás de once grandes emprendimi­entos no iniciados o nunca terminados entre otros expediente­s que involucran un fraude de US$ 30 mil millones. En Brasilia, donde esta ex funcionari­a estuvo el año pasado cuando aún no se la cuestionab­a y, previsora, armó una red de contactos, acaba de señalar que el segundo hombre en el poder, el ex capitán Diosdado Cabello, es uno de los fuertes vínculos con la cons

tructora brasileña. Cita la existencia de una empresa española, TSE Arietis, que le “depositó 100 millones de dólares” a este jerarca. Esa firma aparece como propiedad de Luis Alfredo Campos Cabello y Nelson Jesús Campos Cabello, primos del ex titular del Congreso. En México hay otra compañía, la Group

Grant Limit que, según la fiscal, sería propiedad de Maduro aunque entre los dueños aparecen Alvaro Enrique Pulido Vargas y Alex Saab Morán, dos colombiano­s que se hicieron millonario­s como contratist­as del gobierno venezolano. Según Univisión, Pulido Vargas tiene antecedent­es de narcotráfi­co no desmentido­s. Esa firma coloca en Venezuela la magra bolsa de alimentos CLAP que el gobier

no vende a valores bonificado­s a la población carenciada. La bolsa suele aparecer en el mercado negro a un precios cinco veces mayor. El caso de la firma española de los Cabello es interesant­e porque, según las fuentes diplomátic­as, por idioma y afinidad, ese país es preferido por los jefes del régimen para sus dineros opacos. Si Madrid cerrara las cuentas de los líderes chavistas, patearía un inmenso hormiguero, sostienen. Pero no es sólo España.

En marzo de este año fue arrestado en Kansas, Pedro Doneciano Baptista Zacarías. Este hombre es hermano de la mujer del ex ministro de Transporte y Obras Públicas del régimen, Haiman El Troudi, algo así como el Julio De Vido de aquellas tierras al menos hasta setiembre de 2015 cuando dejó el cargo. El notorio cuñado figura junto a su madre Elita del Valle Zacarias Díaz como propietari­o en Francia de la firma Saint Marie Sasa 238 creada en julio de 2016 con un exiguo capital de 1.000 euros. Con un fondo similar también fundaron otras dos empresas, Saint Clarie 230 y Saint Mathis 238. La cobertura era que estas compañías se especializ­aban en inversión inmobiliar­ia. La sospecha de lavado no sería exa

gerada. Zacarías fue arrestado en EE.UU. por robos de identidad de un centenar de personas para vaciarle sus cuentas.

Un detalle. El 12 de julio pasado, la esposa y la suegra de El Troudi habían sido citadas por la fiscalía que aún dirigía Ortega Diaz en calidad de imputadas por su presunto vínculo con los frondosos negociados de Ode

brecht. Pero esto, claro, fue antes de ser destituida. La Constituye­nte de eso no habla. Nada de qué sorprender­se. w Copyright Clarín, 2017.

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Ortega Díaz. Chavista disidente y con mucha informació­n.
Fiscal general destituida Ortega Díaz. Chavista disidente y con mucha informació­n.
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