Crecen las ventas de brazaletes para controlar a presos en Brasil
Es paradójico, pero el mega escándalo de corrupción que implica a gran parte de la clase política y la élite económica de Brasil terminó beneficiando a un sector de su alicaída economía: la venta de brazaletes electrónicos para controlar a los reos.
Ricos empresarios o políticos implicados en la investigación “Lava Jato” suelen cumplir sus condenas en arresto domiciliario, ya sea por un acuerdo judicial para declarar o tras apelar sus condenas. Esto hace que el uso de los dispositivos de control sea mucho más habitual.
Pero no solo se utilizan en reos de alto perfil. Los jueces recurren a ellos cada vez más en otros tipos de causas, para aliviar la peligrosa sobrepoblación de los penales brasileños.
“Gracias a la investigación, ahora hay más jueces que conocen los brazaletes y los requieren en sus decisiones”, contó Marcelo Ribeiro de Almeida, director de Synergy, una empresa de San Pablo líder del sector. “Nuestro sobrecargado y poco efectivo sistema penitenciario ha creado esta oportunidad de negocio”, señala.
Desde su inicio en marzo de 2014, la investigación anticorrupción “Lava jato” se cobró múltiples víctimas en la élite del poder brasileño. Altos ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras y de empresas constructoras como Odebrecht formaron un cartel que decidía sobre la concesión de contratos inflados y sobre qué políticos y funcionarios debían recibir sobornos. En el curso de una década, se pagaron más de 3.000 millones de dólares en coimas.
En los últimos tres años, el juez federal Sergio Moro, el principal juez al frente de la investigación, decretó el arresto domiciliario de casi 30 políti- cos importantes y líderes empresariales, a menudo después de alcanzar acuerdos que ayudaron a desmantelar la trama. El pequeño número de reos de alto perfil tuvo un efecto amplificado en toda la nación.
Cuando comenzó la mega causa, menos de 10.000 presos estaban en arresto domiciliario en unos pocos de los estados más ricos del país, según las empresas que proporcionan las pulseras electrónicas. Hoy en día hay más de 24.000 condenados que portan estos dispositivos en 22 de las 27 regiones.
Se espera que la cifra supere las 120.000 personas en cinco años. Uno de los motivos es su costo: monitorear a un reo con un brazalete cuesta alrededor de 200 dólares mensuales, aproximadamente una cuarta parte de lo que supondría tenerlo tras las rejas.
El precio de los dispositivos en sí oscila entre los 30 y los 120 dólares, y pesan alrededor de 450 gramos. El brazalete incorpora una banda sensible que se coloca alrededor del tobillo y alerta a los supervisores en el caso de que ser retirada.
En la centralita de llamadas de Synergy en Sao Paulo, unos 20 trabajadores controlan a los prisioneros desde las pantallas de sus computadoras. “Señora Adriana, ¿cómo está?”, preguntaba uno de los operarios. “¿Por qué abandonó la zona restringida?”, indaga.
“Los vendedores privados están convencidos de que los dispositivos de control electrónicos pueden reducir la delincuencia, la reincidencia y la recaída. Pero las evidencias sobre los brazaletes electrónicos en Norteamérica y Europa siguen evolucionando”, dijo Robert Muggah, director de investigación del centro de estudios brasileño Instituto Igarape.
A pesar de las críticas, es probable que el sector siga en auge mientras la causa del “Lava jato” no da señales de detenerse.