El mundo subterráneo de Gils Carbó
o que sigue bien podría llamarse todo queda en familia. O sociales del mundo de la Justicia o del mundo de los fiscales. Sonaría a broma si no fuese porque se trata de incompatibilidades disimuladas.
Para decirlo en dos palabras: Alejandro Rúa, abogado de Gils Carbó, la jefa de los fiscales, tiene relaciones familiares y de íntima amistad con fiscales que en teoría debieran estar
del otro lado del mostrador, como acusadores. Otra foto que muestra por qué la Justicia no funciona o no funciona bien.
La novela que no tiene nada de novela tiene más personajes que una novela de Roberto Bolaño. El abogado Rúa está casado con Daniela Urribarri que es funcionaria de alto rango de
la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una pieza clave en la lucha contra la corrupción y que naturalmente depende de Gils Carbó.
Rúa defiende a Gils Carbó por las coimas en la compra del nuevo edificio de la Procuración y su esposa Urribarri tuvo a su cargo el suma
rio a Guillermo Bellingi, sobre quien Gils Carbó descargó el negociado.
Entre paréntesis: razones no le faltan. El medio hermano de Bellingi fue el gestor de la coima. Curiosamente el plazo de la investigación de Urribarri se venció y Bellingi que había sido separado pudo volver a la Procuración. Antes muy cercano a Carbó como subdirector general, Bellingi ahora está un poco más lejos: en la biblioteca. Pero está. Léase: lentitudes convenientes y relaciones convenientes. Rúa es a la vez íntimo amigo de Sergio Rodríguez, otro peso pesado entre los fiscales. Está a cargo de la PIA y es el jefe por lo tanto de Urribarri. Rodríguez y Urribarri no pudieron terminar el sumario a Bellingi pero pudieron terminar todas las etapas de la denuncia contra Arribas, que Macri puso en la ex SIDE y al que los dos persiguieron hasta llegar en queja ante la Corte Suprema. Esa vez perdieron.
Hay una esposa más en escena y es la de Rodríguez, Valeria Torzetta, a quien Gils Carbó designó en la DOVIC, un organismo de acompañamiento y protección a las víctimas. Otra casualidad.
Y hay otras: la socia de Rúa, Paula Honish, fue funcionaria K en la Oficina Anticorrupción con Rúa y Urribarri. Honish había trabajado con Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad y, como Rúa, participó en la causa AMIA.
En suma: Rodríguez y Urribarri actúan en los sumarios y Rúa actúa en la defensa de los
sumariados. Incompatibilidades legales o éticas que saltan a la vista.
Y tarea facilitada para el abogado Rúa, que defiende además a Garré y a Guillermo Moreno y a Cristina y Timerman en las causas por encubrimiento y por traición a la Patria que ayer el juez Bonadio unificó.
Rodríguez fue designado en la PIA por Cristina luego de que ella mantuviera el cargo cinco años vacante. Fue parte del montaje que el kirchnerismo armó y Moreno encabezó para asociar la venta de Papel Prensa con la represión de la dictadura y que incluyó sacar del informe el testimonio de Isidoro Graiver. Otro fiscal menos conocido es Félix Crous, uno de esos militantes de izquierda que se dejaron de fabricar en los 70. Fue humorista de VideoMatch y ahora dirige la Procuraduría de Violencia Institucional. Carbó lo mandó al sur por la desaparición de Santiago Maldonado y en ese papel le tomó declaración a dos activistas mapuches encapuchados.
¿Y qué tienen en común Rúa, Rodríguez, Bellingi, Crous y compañía? Son todos personajes del mundo subterráneo de Gils Carbó.
Defensores y fiscales relacionados por familia o amistad. Y en el medio, concursos amañados.