Choque inevitable entre Cataluña y el gobierno central
El presidente catalán avanza en su plan soberanista y el referéndum. Rajoy, dispuesto a todo para impedirlo.
“Hay dos legalidades, una catalana y la otra española. Por eso España no puede vulnerar nuestros derechos. No reconocemos al Tribunal Constitucional, que no puede suspender la Ley del Referéndum. Hay una nueva legalidad catalana”, afirmó el presidente de la Generalitat, (Gobierno) Carles Puigdemont. O sea, para el líder independentista existe un país, Cataluña, dos legalidades y dos gobiernos. Esta posición, que deja atrás la desobediencia para abordar decididamente la rebelión pacífica, equivale a una declaración unilateral de independencia, aunque el jefe de filas de los separatistas tiene buen cuidado de no ponerle la etiqueta.
Después del reiterado atropello a los legisladores opositores y un deplorado bochorno, inédito en los Parlamentos catalán y español, el fraude de ley de un procedimiento express que impidió un amplio debate, se aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.
Fue una doble ruptura total con España porque ambas leyes tienen una categoría de “Norma Suprema” y la ley de Transitoriedad, de 89 artículos, aclara que no hay ninguna norma superior ella. En la práctica funcionará como una
“mini Constitución”, que reemplaza a la Carta Magna española. El gobierno recurrió la Ley de Transitoriedad porque intenta “destruir y aniquilar la Constitución. Es propia de un régimen autocrático y totalitario”. El Alto Tribunal se reunirá en las próximas horas para considerar la ilegalización de esta ley clave para la ruptura total y decretará su anulación formal. Estos son antecedentes fundamentales de la actual coyuntura, un día después de la Diada. Las jornadas que prologan el referéndum ilegalizado del primero de octubre próximo serán el escenario de esta lucha “a finis” entre la Cataluña independiente que de hecho ya ha proclamado Puigmont y el muy poderoso aparato del Estado español.
“No va a haber ningún referéndum. Vamos a utilizar toda la fuerza del Estado de derecho y además promover acciones muy enérgicas contra el gobierno de la Generalitat y la Mesa Directiva del Parlamento”, prometió Mariano Rajoy, quien no duda de la gravedad de la situación, la peor crisis del Estado español desde el retorno de la democracia.
El gobierno español ha lanzado una impresionante ofensiva de gran estilo para bloquear el referéndum. El Tribunal Constitucional ya ha enviado su sentencia contra el plesbicito ilegal y le toca a los jueces y las fiscalías decomisar urnas, papeletas, ordenadores, manuales, copias del censo, sobres y toda la parafernalia que sirva para una votación.
Para ubicar los depósitos secretos donde Puigdemont insiste en que cuenta con 6.600 de las más de 8.000 urnas necesarias para albergar los votos, y determinar en qué locales municipales u otros públicos los independentistas ofrecerán espacios para la votación, Rajoy ha organizado un despliegue de fuerzas de inteligencia, la Central Nacional (CNI) que cuenta con grandes recursos y personal especializado y a las tres fuerzas de seguridad del Estado que actúan como policía judicial: los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, todas con información preciosa para impedir maniobras a favor de la consulta ilegal.
Todos los funcionarios, incluidos los tres cuerpos de Policía Nacional, están advertidos contra una desobediencia a las órdenes de los jueces o de la legislación que han jurado respetar. Las acusaciones serán por lo menos de desacato, con implicaciones penales, y una jurisprudencia que aumenta el rigor en el caso de las policías judiciales. La batalla ya ha estallado, pero se profundizará, en torno a los Ayuntamientos a los que se ha reiterado la prohibición de ceder espacios municipales para la votación del 1° de octubre.
Centenares de alcaldes separatistas ya han anunciado que desobedecerán estas medidas del Constitucional y permitirán que se sufrague en sus recintos. Todos los transgresores serán procesados. Puigdemont pronunció anoche un mensaje final: “No hay alternativa al referéndum”.