Otra vez procesado
En la causa en la que está procesada Cristina, el juez Ercolini sumó a empresarios y ex funcionarios de Vialidad.
El mayor de los hijos varones del encarcelado empresario K Lázaro Báez, sumó su quinto procesamiento. Esta vez, lo determinó el juez Ercolini por “defraudación al Estado” en la obra pública.
El juez Julián Ercolini procesó por defraudación al Estado a Martín Báez, el mayor de los hijos varones de Lázaro Báez. También procesó al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; a Fernando Butti, ex contador del empresario K;y a dos ex funcionarios de Vialidad Nacional. A todos los embargó por 2.500 millones de pesos. Además, se ordenó fajar cajas de seguridad y se inmovilizaron y congelaron cuentas bancarias de los acusados. El hijo de Báez sumó su quinto procesamiento.
La decisión de Ercolini se tomó después de las 16 últimas indagatorias pedidas por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en la causa donde se investiga el direccionamiento de la obra pública, desde 2004 a 2015, a favor de Báez por
46.000 millones de pesos. Ercolini dictó nueve faltas de mérito.
En la causa que investiga la corrupción en la obra pública, y donde Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López (entre otros ex funcionarios) y Lázaro Báez fueron procesados por asociación ilícita y defraudación a la administración pública, Ercolini sumó cinco nuevos procesados pero únicamente por defraudación y administración fraudulenta. La Justicia sostiene que existió una “operatoria criminal” a través de la cual el gobierno kirchnerista “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, a través de contratos viales “plagados de irregularidades”, como sostienen los fiscales Pollicita y Mahiques.
A todos los procesados ayer se los acusa de “brindar un aporte imprescindible” en la “maniobra delictiva”. Ercolini señaló además que los directivos y accionistas del Grupo Austral -entre ellos Martín, dueño del 5% de Austral- tomaron decisiones sabiendo “que eran necesarias para hacer confluir en el grupo económico, los fondos del Estado” asignados a los contratos de obra vial y que en un 50% “nunca se concluyeron”, pero se cobraron “con sobreprecios por encima del 65%”.En el caso de los ex directivos de Vialidad procesados, Sergio Passacantando y Carlos Alonso, se los encontró responsables de “perjudicar” los intereses del Estado “al no cuidar, supervisar y administrar” los fondos asignados a las obras viales.
Esta “estructura delictiva” permitió al Grupo Austral “cobrar antes del vencimiento, más rápido que cualquier otra contratista y la totalidad de los certificados pendientes de pago”. Estos movimientos de dinero posibilitaron que el patrimonio de Báez -preso por lavado de dinero- se incrementara en un 12.127 %.
La falta de control permitió que Báez se presentara múltiples licitaciones “sin capacidad de ejecución”: usó un mismo certificado para 18 contratos, mientras tenía capacidad anual de obras por 72,3 millones de pesos, en 2007 le permitieron obtener contratos por 2.396 millones. Además, sostuvieron que Vialidad permitió la simulación con las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se harían cargo de las obras.