Mitos y realidades sobre los mapuches D
urante los poco más de cien años de existencia de nuestras poblaciones en la región patagónica, la convivencia de la población blanca y la mapuche se podría describir desde varias perspectivas, muchas veces contradictorias. Si bien fueron 100 años de convivencia pacífica, no se logró nunca un nivel de desarrollo armónico y parejo, la relación siempre fue favorable al blanco, dejando a la mayoría de la población mapuche en condición de pobreza, incluso en la paradoja de ser dueños de tierras de altísimo valor paisajístico e inmobiliario, pero con muy bajos niveles de instrucción y de participación en la renta y distribución de la riqueza.
Como efecto secundario, el mapuche tendió a transformarse en un demandante de ayudas sociales, incluyendo métodos ilegales como el piquete y la extorsión en los últimos años, sin lograr su autonomía y desarrollo. En los últimos años la relación se ha tensado y podríamos resumir las dos posturas de la siguiente manera:
- El Estado y la sociedad civil pretenden conservar el statu quo lo más posible, afirmar la potestad del Estado y la vigencia de la Ley universal para todos los habitantes, de algún modo tolerar y/o acompañar en cuestiones simbólicas, pero sin avanzar en transformaciones estructurales.
- El pueblo mapuche se proyecta en un proceso continuo de ejercicio del derecho; todo se trata de una reparación histórica. El reclamo no se agota en la recuperación de la tierra bajo estructuras civiles (mensuras y títulos legales), sino que necesariamente se proyecta en la obtención de mayor autonomía.
Esta situación de tensión debe ser resuelta con mucha sabiduría y prudencia política; cualquier solución parcial a conflictos puntuales sólo alivia tensiones momentáneas pero agrava su resolución a futuro. Se deben encontrar, e instrumentar, acuerdos institucionales, mesas de trabajo, creación de normas; evitar definitivamente acuerdos partidarios temporales, conducir el conflicto de modo inteligente e institucionalizado.
Se debe corregir el abuso en las conformaciones de personerías fraudulentas, ya que existe una laxitud excesiva para la aprobación de una comunidad bajo el único requisito del auto-reconocimiento. Se debe rever la ley 26.160 ya que la aplicación de la misma es
de gran dificultad, prueba de lo cual es la repetición de prórrogas por no poder darse cumplimiento a su cometido.
Por último, considero que la RAM no tiene absolutamente nada que ver con la proble
mática mapuche en general. Es un grupo completamente minoritario, encapsulado, con nula penetración y posibilidad de extensión dentro del seno de las comunidades. Aun así, debe ser desactivado de inmediato; su extensión o la posibilidad de alguna asimilación con los métodos utilizados en Chile deben ser evitados con toda la premura y vitalidad necesaria de parte de las instituciones del Estado.
En cuanto al caso de Santiago Maldonado, su desaparición no tiene relación con el tema mapuche: es un hecho que debe ser esclarecido y que se podría haber originado en una protesta social o en cualquier otro evento pero que no tiene nada que ver con
la vida cotidiana de las comunidades. Esa protesta en particular , con incendios, cortes de ruta con cara cubierta, atentados contra la propiedad privada, no representa el accionar de las comunidades mapuche ni su metodología habitual.