La política intoxica el caso Maldonado
La familia Maldonado reclamó a organismos de derechos humanos coordinar los esfuerzos para “evitar dilaciones”
La familia de Santiago Maldonado recusó el jueves al juez Guido Otranto, por la falta de avances de la investigación sobre el paradero del artesano desaparecido en Chubut. Al mismo tiempo, en un comunicado llamó a los demás querellantes a “optimizar la coordinación con la familia y el equipo de investigadores que la asisten, a fin de evitar dilaciones en la tramitación de la causa”. Para quien supo leer esas líneas, fue un reclamo directo a quienes, desde la militancia partidaria kirchnerista o en derechos humanos, o ambas a la vez, se proclaman interesados en conocer la verdad sobre Maldonado. Les pidieron que dejen de buscar rédito político y colaboren de verdad en la investigación, explican cerca de la familia.
Los organismos aludidos serían el CELS, la Asamblea Permanente (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El viernes, también los mapuches pidieron ser aceptados como querellantes.
Frente a la intoxicación política, la familia Maldonado eligió recostarse sobre la estructura de Amnistía Internacional –en sus oficinas recibió a los medios de prensa Sergio, el hermano de Santiago- y sobre Nora Cortiñas, histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, enfrentada a la ultrakirchnerista Hebe de Bonafini.
Quizás los Maldonado se hayan hartado después de tanta dilación. La causa que lleva el juez Otranto –que ya rechazó la recusación- está inundada de pistas falsas y
testimonios de dudosa credibilidad. El más notorio es el de Matías Santana, integrante del grupo mapuche RAM, quien declaró tres veces –la última el mismo jueves- y cada vez dio versiones diferentes sobre lo que dijo haber visto el día de la presunta desaparición de Maldonado. En cada caso fue ajustando su relato de modo de subsanar contradicciones y hechos incomprobables sostenidos en declaraciones anteriores. Quizás pronto deba enfrentar acusaciones por falso testimonio.
También podrían ser denunciados los fiscales de la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), a quienes se atribuye responsabilidad en la circulación de un fal
so informe de la Policía Federal donde se acusa a la Gendarmería de asesinar a golpes y enterrar a Maldonado en un sitio desconocido. La Procuvin responde a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y está dirigida por Félix Crous, quien tomó los primeros testimonios a mapuches encapuchados y en ese momento no identificados.
La manipulación de testigos para orientar la causa contra la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad tiene en espejo actitudes
tóxicas del lado del Gobierno. Empezando por el trato descomedido que un alto funcionario de Seguridad tuvo al comienzo del caso con la madre de Maldonado. Ante la reti- cencia provocada por el temor y la angustia de la mujer, la acusó de negarse a colaborar. Fue un mensaje de texto en el teléfono celular. Ese mensaje está allí, aún no fue borrado.
Hay que cargar en la mochila oficial las contradicciones en la declaración inicial de los gendarmes involucrados. Constan en la investigación ordenada por Seguridad y realizada por expertos del ministerio y de la Policía Federal. Siguiendo ese rumbo la pesquisa se orientó hacia la acción de siete gendarmes que persiguieron al grupo mapuche que cortaba la ruta. Esta resulta la única línea de in
vestigación sólida que existe al momento. El kirchnerismo, con el impulso o la anuencia de Cristina, transformó el caso en el eje de
su campaña política después de las PASO. Buscó erosionar la potencia del Gobierno, luego de que las elecciones primarias de agosto demostraran que el eje económico y social elegido originalmente no había tenido el efecto buscado.
Esa estrategia trastabilló en la última semana, al sumarse en pocas horas dos hechos importantes.
Uno ocurrió cuando las mismas autoridades orientaron la investigación hacia el posi
ble uso criminal de la fuerza por parte del grupo de gendarmes que el 1° de agosto persiguió a los mapuches hasta la orilla del río Chubut. Fue difícil sostener así la hipótesis del encubrimiento, porque era el mismo Gobierno quien ponía en evidencia a quienes podrían haber actuado por fuera de las órdenes recibidas y de la ley.
El otro hecho fue la constatación, a través de exámenes de ADN realizados en la Universidad de Buenos Aires, de que no había rastros
genéticos de Maldonado en dos camiones y cuatro camionetas de la Gendarmería usados en el operativo durante el cual habría desaparecido el joven artesano. Según el Gobierno, esto elimina la hipótesis de la desaparición for
zada porque Maldonado no habría sido llevado del lugar, como alegaban algunos testigos.
El CELS que lidera Horacio Verbitsky, en su esfuerzo por mantener viva una estrategia que desfallece, ha sostenido con razón que técnicamente el caso sigue siendo “desapari
ción forzada” por la ausencia de una persona ocurrida durante la actuación de fuerzas de seguridad.
El hecho es que el cálculo político está contaminando todo el caso. Aunque al final del día, unos hayan aportado ruido y confusión premeditadas; y otros, aún pagando un alto costo político, hayan dado algunos pasos iniciales en la investigación de lo ocurrido. Cuando debió salir de su parsimonia y des
dén inicial, el Gobierno definió dos vigas centrales de su accionar.
Primero, buscó sacar del centro de la escena a la ministra Patricia Bullrich, desgastada por su defensa enfática de la Gendarmería. Aunque ella asegura haber dicho siete veces durante su informe en el Senado que el Gobierno estaba “abierto a todas las hipótesis”, lo que quedó registrado fue su postura de “no tirar por la ventana” a los gendarmes sólo para aliviar la presión política. Ese corrimiento de Bullrich fue una decisión del presidente Macri para preservar a la ministra, a quien respalda en la decisión de no entregar trofeos simbólicos bajo presión opositora. Como parte de ese manto de discreción, se resolvió que Bullrich no concurriera al Congreso, para informar ante la comisión bicameral de Seguridad Interior que preside Sergio Massa. La ministra había aceptado la invitación, llevada por su naturaleza comba- tiva. Pero le hicieron entender que la estrategia del Gobierno era otra.
En la misma línea de bajar el perfil público del caso, se descartó la idea de convocar a una comisión de expertos internacionales para colaborar con la investigación. Había sido una propuesta de la familia Maldonado, empujada por la delegación local de Amnistía Internacional. El ministro de Justicia, Germán Garavano, la consideraba positiva. La idea era agre
gar transparencia a la pesquisa y descomprimir políticamente la escena.
La Casa Rosada en un primer momento compró la iniciativa. Eran los días de pura zo
zobra, antes de que la investigación interna sobre los gendarmes empezara a pisar un poco más firme. Pero cuando se sintieron más sólidos decidieron archivarla sin más vuel
tas. Se lo comunicaron Marcos Peña, el ministro Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, al jefe regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, un funcionario con 30 años en la ONU al que habían hecho venir a Buenos Aires desde Chile. Fue el martes en la Casa Rosada. En la semana, una encuesta nacional de
Management & Fit indicó que el 82,8% de los consultados estaba al tanto de la desaparición de Maldonado. Es un porcentaje que sorprendió el Gobierno y de allí su baja respuesta inicial. Pero otros datos alentaron a la Casa Rosada. Un 60,8% consideró que la oposición busca sacar rédito político del caso y un 42,1% aseguró que el Gobierno colabora lo suficiente en la investigación, contra un 17,1% que cree que lo hace parcialmente y un 16,8% que piensa que no hay colaboración.
Sobre los “culpables de la desaparición” hay datos curiosos. El 38,4% señaló a la Gendarmería. Pero el mismo porcentaje señala a los otros actores de este drama: el 25,2% a sectores opositores y un 13,3% al propio grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Otra medición, de la Universidad Abierta Interamericana en la provincia de Buenos Aires, indicó que el 88,3% de los que votan a Cambiemos está de acuerdo con el desempeño del Gobierno en el caso Maldonado. Mientras que el 99,5% de los que votan a Cristina Kirchner creen exactamente lo contrario.
Es la grieta. Y hoy en esa grieta Macri y Cambiemos se mueven con más aplomo y comodidad. Todas las encuestas enfocadas hacia la elección de octubre los muestran derrotando a Cristina en la Provincia por un margen de 2 a 6 puntos. Ellos están convencidos de que van bien. Y hasta la alta dirigencia de Unidad Ciudadana hoy coincide en ese diagnóstico.
Mientras tanto, siete semanas después de la desaparición, sin pruebas firmes y recorriendo distintos caminos argumentales, en la Casa Rosada, la Gendarmería y en las oficinas de Cristina existe la muy firme sensación de que Maldonado está muerto.
Sólo en algún alto escalón del Ministerio de Seguridad se conserva la hipótesis de que es
tá vivo. Se basa en que hace un mes, durante un allanamiento en el predio mapuche, los perros de la Dirección Nacional de Cinotecnia llevados desde Santiago del Estero al Sur detectaron el rastro vivo de Maldonado hacia la orilla del río Chubut, siguiendo el olor de un buzo negro que usaba el artesano.
Es casi nada. Es lo que hay.