Un juez pidió a sus colegas unificar las causas por la corrupción de Odebrecht
Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene la del tren Sarmiento, quiere que Casanello y Rafecas le pasen las suyas.
Las investigaciones en los juzgados federales sobre la ruta de los sobornos que Odebrecht pagó para obtener obras podrían terminar en manos de un único juez: Marcelo Martínez De Giorgi, quien pidió que sus pares Sebastián Casanello y Daniel Rafecas se “aparten” de las causas que tienen vinculadas a la constructora brasileña. Fue a raíz de un pedido de unificación que hizo la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso, querellante en las tres causas.
El gigante brasileño es investigado por corrupción y lavado de dinero, por el pago de sobornos en doce países, por 799 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas. Según la declaración de uno de los directivos de la firma, en Argentina las coimas habrían rondado los 35 millones de dólares pero con el avance de las causas la suma podría trepar a 100 millones de dólares.
En nuestro país, Odebrecht tiene tres causas en juzgados diferentes: Casanello tiene a cargo la de las coimas y sobreprecios en la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA. Fue el primero en llamar a indagatorias, que según pudo saber Clarín, no suspenderá pese al pedido de unificación. El juez citó a declarar a grandes contratistas de la obra pública como Carlos Wagner y Benito Roggio, junto a ex funcionarios.
A su vez, el juez Rafecas investiga los sobreprecios y los negocios incompatibles de algunos ex funcionarios K en la ampliación de los gasoductos en manos de la firma extranjera. La ruta de los sobreprecios podría superar los 800 millones de dólares. Finalmente, el juez Martínez De Giorgi tiene a su cargo el expediente sobre las irregularidades y sobornos pagados en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, un contrato por 3.000 millones de dólares.
Con las tres causas en pleno desarrollo, la OA pidió la unificación de los expedientes en el juzgado de Martínez de Giorgi, al considerar que la investigación del soterramiento del tren Sarmiento, es la que “tiene el objeto procesal más amplio”, y que eso resultará “más conveniente desde el punto de vista de una investigación exitosa y eficaz ”. El organismo planteó que en los tres procesos “se vienen investigando posibles conductas ilícitas cometidas en el marco de diversas licitaciones de obra o infraestructura pública que, como denominador común involucraron a Odebrecht”.
Dando lugar a la hipótesis del fiscal Franco Picardi -que investiga el soterramiento- se avala la hipótesis de un “cartel empresarial en los procesos de licitación y adjudicación de la obra pública”, enmarcado en un “esquema global de corrupción público-privada” que funcionaría bajo “un mismo modus operandi”, replicando la operación Lava Jato.
El juez Martínez De Giorgi sostuvo que sería necesario “dar un trámite conjunto de los tres expedientes, con el fin lograr un análisis global a las distintas maniobras investigadas respecto de los procesos de licitación y adjudicación en cuestión”.
El objetivo, según la resolución a la que accedió Clarín, es “favorecer una buena administración de justicia”, y para ello es conveniente “un estudio conglobado de las causas, en tanto los distintos sucesos investigados, aunque con características y aristas propias, se insertan en una maniobra integral y conectada entre sí”. Por eso -sostiene el juez- es necesario “un trámite en conjunto de las tres causas analizadas”, al observar la existencia de un “supuesto de conexidad entre los expedientes”.
Martínez de Giorgi cree que la unificación “eliminará el riego de posibles resoluciones contradictorias” y podrá “consolidar una unidad de criterios de investigación y de comunidad probatoria, en miras de lograr la economía procesal que mejor se adecue a un ajustado servicio de justicia”. En función de esto, pidió que los jueces Rafecas y Casanello “se inhiban de seguir entendiendo en la tramitación de las causas” que llevan cada uno. Les requirió que envíen los expedientes a su juzgado. Los magistrados tiene 30 días para decidir qué hacer, pero en principio pelearán por retener cada uno su investigación.