Fuerte señal de la Corte para apurar los juicios por casos de corrupción
Las causas contra ex funcionarios y empresarios K
Desde agosto, hubo una decena de pedidos de varios imputados para demorar los plazos procesales. Los presentaron Julio De Vido, Lázaro Báez, Héctor Timerman, el ex jefe del Ejército César Milani y la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti. En todos los casos, la Corte los denegó rápidamente con un mismo argumento: primero tiene que haber sentencia. Es una medida para acelerar el comienzo de los juicios.
En el último mes y medio, la Corte Suprema de Justicia dio señales para no estancar causas por presuntos casos de corrupción o delitos que involucran a ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas o allegados a ellos. Una decena de esos recursos fueron rechazados por los jueces del máximo tribunal por improcedentes y siguieron así su natural camino al enjuiciamiento.
Dos de las causas tienen que ver con el detenido "empresario" Lázaro Báez, el ex empleado bancario en Santa Cruz y convertido en principal beneficiario de la obra pública vial en esa provincia patagónica.
Otro de los recursos había sido presentado por la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido, otro por la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, otro por el también detenido ex jefe del Ejército César Milani y el restante por el ex canciller Héctor Timerman.
El caso de De Vido es quizás el más emblemático, ya que apeló a todo tipo de recursos para evitar el inicio del juicio oral y público esta semana por su presunta responsabilidad en la llamada "tragedia de Once", el accidente de tren en el que murieron 52 personas el 22 de febrero de 2012 y por el que ya fueron condenados ex funcionarios bajo su égida como el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
El último de lo que en Tribunales califican como "maniobras dilatorias" fue la renuncia de sus abogados de- fensores y la rápida respuesta que le dio el Tribunal Oral Federal 4 de designar uno nuevo o imponerle un defensor oficial para que pasado mañana lo asista en el comienzo del debate por el "estrago culposo" del accidente ferroviario.
En su acuerdo plenario de ministros del pasado martes 5 de setiembre, el máximo tribunal resolvió cuatro planteos formulados por ex funcionarios kirchneristas con causas penales en los tribunales federales de Comodoro Py. Los de De Vido y Báez corresponden a la misma causa en la que están procesados por el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a las firmas del segundo de ellos durante los tres gobiernos kirchneristas.
"El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", expresó aquella vez la Corte en ambos planteos con la firma de sus cinco ministros, es decir Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Báez y De Vido habían objetado el llamado a declaración indagatoria que les formulara el juez federal Julián Ercolini por requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita. Ambos terminaron procesados en esa causa junto con la ex presidenta Cristina Kirchner en un fallo que fue recientemente confirmado por la sala I de la Cámara Federal penal porteña.
El máximo tribunal ya se había expedido en similares términos tres semanas antes, a mediados de agosto, respecto de De Vido y la causa por la que comenzará a ser juzgado el miércoles. Su defensa había impugnado su procesamiento y elevación a juicio, medidas ambas tomadas por el juez federal Claudio Bonadio luego de la sentencia del TOCF2 que condenó a Jaime y los otros imputados.
La Corte también rechazó otros recursos de Báez en sus acuerdos del 29 de agosto y del 12 de setiembre por los mismos motivos y sin tratar el fondo del asunto. Los primeros de ellos implicaron una ratificación a la investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán en la causa de la llamada "ruta del dinero K". El recurso denegado el 12 de setiembre también está relacionado con esta causa y tiene que ver con el usufructo de la maquinaria de las empresas de Báez concedido por Casanello a Vialidad Nacional.
En este último acuerdo, los jueces del máximo tribunal también se habían negado a revisar un fallo contra el ex canciller Héctor Timerman, que había recusado sin éxito a jueces de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa que se le sigue por presunta "traición a la Patria" por el pacto firmado con Irán en torno al caso del atentado contra la AMIA. Y en el acuerdo del 5 de setiembre se habían resuelto de la misma manera recursos de Picolotti y Milani, procesado por enriquecimiento ilícito y detenido por casos de desaparecidos.
Los jueces rechazaron todos los planteos con el mismo argumento: que aún no hay sentencia.