Los independentistas catalanes reparten boletas para el referéndum
Pese a la prohibición de la consulta del próximo domingo, los que la organizan llamaron a la “movilización social”.
Los independentistas catalanes mantienen su desafío al Estado español, pese a la arremetida de Madrid para impedir que el próximo domingo pueda realizarse el referéndum por la independencia de esa región autónoma. Las dos principales entidades que organizanes la consulta repartieron ayer cerca de un millón de “papeletas oficiales” para la votación, pese a la denuncia por sedición que pesa sobre ellas.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos organizaciones secesionistas denunciadas por la Fiscalía por los disturbios que se desencadenaron en Barcelona la semana pasada tras una operación para evitar el referéndum, llamaron ayer a los catalanes a la “movilización social permanente” hasta el 1° de octubre, la fecha prevista para la consulta independentista, suspendida por el Tribunal Constitucional español.
Cientos de voluntarios repartieron en Barcelona un millón de papeletas, según las asociaciones, con la pregunta oficial del referéndum: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”
Ese reparto se hace días después de que la Guardia Civil, por orden judicial, se incautara de casi nueve millones de papeletas durante un registro realizado en una nave industrial de Barcelona, para impedir la consulta.
Al mismo tiempo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (del oficialista Partido Poular), insistió en que “prevalecerá la fortaleza del Estado de derecho” y remarcó que el sistema democrático “se sustenta en el respeto a la legalidad”.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha insistido en los últimos días en que el referéndum “no se realizará”. Pero, pese a todas las trabas impuestas por Madrid, el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, afirma que sí se hará la consulta.
Ajenos a la prohibición que pesa sobre los actos de promoción del referéndum, ANC y Ómnium convocaron ayer más de 300 actos en municipios catalanes con el título “Maratón por la democracia” en “respuesta masiva a los asaltos a las instituciones catalanas y los ataques a la libertad de expresión”, declararon.
Ambas organizaciones convocaron a los ciudadanos a protestar contra la operación policial realizada el miércoles pasado para evitar la celebración del referéndum, en la que fueron detenidas 14 personas, incluidos altos cargos del Gobierno catalán (luego liberados, aunque podrían ser acusados de sedición).
Como resultado, miles de personas impidieron durante horas a la Guardia Civil salir de una dependencia del gobierno catalán, donde por orden del juez realizaban un registro y por estos disturbios están acusadas de sedición.
“Que nadie se quede en casa, todo el mundo a la calle, de forma cívica y pacífica”, arengó ayer el presidente de Ómniun, Jordi Ciuxart, en un acto independentista en Barcelona.
Por su parte, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, explicó que el gobierno regional catalán “seguro que garantizará” la presencia de papeletas en los colegios electorales previstos para ese referéndum, aunque dijo que los ciudadanos ya las pueden “traer desde casa” en referencia a las fotocopias que se hacen. Cuixart y Sánchez aparecen mencionados en la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española.
Actos similares a favor de la consulta secesionista se celebraron ayer en otros pueblos y ciudades de Cataluña, un día después de que el gobierno español asumiera la coordinación de todas las fuerzas de seguridad en es región, incluida la policía autonómica, para garantizar el orden público e impedir la consulta.
Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, es una de las regiones mas ricas de España (aporta casi el 20% del PBI estatal) y está gobernada por la coalición independentista Junts pel Sí (JxS), integrada por el PDCat (partido de centroderecha nacionalista) y los republicanos de izquierda (ERC).
Apoyados por los independentistas radicales de la CUP, aprobaron el pasado 6 de septiembre en el Parlamento regional la llamada “ley del referéndum”, que permitió al Ejecutivo catalán convocar la consulta secesionista del 1° de octubre, que posteriormente fue suspendida por el Tribunal Constitucional, tras ser denunciada por el gobierno español.