El “Pata” Medina, más complicado
Un fiscal lo imputó por extorsión. El caso llega en medio de la ofensiva oficial contra la mafia sindical.
La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó por extorsión al líder de la seccional La Plata de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina, en medio de la ofensiva del Gobierno contra la mafia sindical. Cavallo pidió al juez federal de esa ciudad, Luis Armella, una serie de pruebas sobre un tiroteo y presiones del dirigente que retrasaron obras en la estación Pereyra del ferrocarril Roca y un enorme perjuicio para los vecinos de la zona. La denuncia se hizo el 6 de septiembre, pero se conoció recién ayer.
La semana pasada, en Bahía Blanca, la gobernadora María Eugenia Vidal había calificado de “mafiosa” a la sucursal La Plata de la UOCRA. Consecuentemente, el Ministerio de Trabajo bonaerense no convalidó un acuerdo salarial entre la UOCRA del “Pata” Medina y la empresa Coninsa para aumentar el costo de la reconstrucción de la estación Pereyra, a fin de adecuarla al ferrocarril eléctrico.
Por esos días, Medina dificultó e impidió la visita del jefe de Gabinete de Nación, Marcos Peña, a las obras hidráulicas de la capital bonaerense que se pusieron en marcha para impedir una inundación como la ocurrida el 2 de abril 2013, que provocó la muerte de al menos 89 personas. A partir de este hecho, el Gobierno nacional empezó a estudiar si corresponde intervenir a la UOCRA de La Plata. El juez de Garantías, Pablo Massi, ordenó a la fiscal Ana Medina el inmediato cumplimiento de desalojo de la toma de cinco obras de edificios por parte de la UOCRA.
La acusación contra Medina fue presentada por la agrupación Vecinos Autoconvocados de Hudson, a causa de retrasos en la reforma de la estación, que les impide tomar el tren. Y se conoce semanas después de que el Gobierno impulsara una causa por supuesto lavado de dinero contra el secretario general de los encargados de edificios, Víctor Santa María, y de la detención de Omar “Caballo” Suárez en una causa por obstrucción de las vías navegables.
En una audiencia ante el juez, representantes del Ministerio de Transporte manifestaron que “las obras de la Estación Pereyra de la Línea Roca se encontraban paralizadas a resultas de un conflicto gremial entre dos sedes de la UOCRA –Quilmes y La Plata- que se disputaban los trabajos para los cuales fue contratada la empresa constructora Coninsa SA".
La empresa hizo una denuncia penal porque hubo “un intercambio de disparos entre estas dos facciones gremiales”, pero luego llegaron a un acuerdo para la realización de las obras. Los representantes del Gobierno manifestaron que la UOCRA informó recientemente a la empresa constructora que “los costos de las obras a realizar en dicha estación habían sido incrementados” y que se debía incluir un gasto extraordinario. Por su parte, representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense manifestaron que el acuerdo realizado entre las sedes de La Plata y Quilmes debía ser homologado y autorizado por la UOCRA central, ya que de lo contrario “no tendría validez”.
Antes esta situación, la fiscal pidió al juez que se investigue las supuestas "indebidas exigencias dinerarias reclamadas al Estado Nacional por parte de las sedes Quilmes y La Plata de la UOCRA y eventualmente por la empresa constructora. La pelea grenmial generó “no sólo un retardo en su construcción, sino también un incumplimiento a la medida cautelar que el juez impartiera en el marco de la causa” iniciada por los vecinos.