Denuncian que en el INCAA se cobran coimas para liberar el pago de subsidios
Funcionarios de línea media del organismo pedían 20% de retorno para destrabar el pago de las subvenciones.
La Oficina Anticorrupción denunció que funcionarios del INCAA pidieron un "retorno" del 20% para pagar subsidios a películas que ya habían sido otorgados. La investigación está en manos del juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi.
"Es un esquema que se reitera en dos películas, sin relación entre si, así que presentamos la denuncia y aportamos los testigos", dijo a Clarín una fuente de la Oficina Anticorrupción (OA). Y aclaró que el organismo resolvió no dar a conocer públicamente los nombres de los funcionarios, las películas ni los testigos para no interferir en la investigación judicial.
De todos modos, Clarín pudo saber que una de las películas obtuvo el subsidio en 2015, ya se terminó y fue estrenada en festivales. Pero a su director no le dan los $ 2.000.000 de subsidio porque se negó a pagar los $ 400.000 de soborno que le exigieron en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este caso fue investigado por la Oficina Anticorrupción, que le tomó testimonio al director de la película.
En el otro caso denunciado ante la Justicia, aún no finalizó el rodaje de la película, pero el "modus operandi" fue similar. Se trata de un productor que le llevó su caso al ministro de Cultura, Pablo Avelluto, quien presentó el caso ante la OA.
En ambos casos, ante la negativa a pagar los sobornos, les ofrecieron inflar los gastos de las películas, por medio de facturas truchas. "Los fun- cionarios del INCAA les decían que incluyeran gastos no previstos en el presupuesto original y que ellos les daban facturas por esos trabajos que nadie había hecho", explicó una fuente de la OA. Y agregó: "Preferimos manejar el tema con la máxima discreción, para que el juez pueda tomar las medidas de prueba necesarias".
Los funcionarios serían de la "línea media" de la Gerencia Administrativa del INCAA, que tienen "poder de firma y de poner los expedientes seleccionados en posición de cobrar o de cajonearlos". Y todavía siguen en sus cargos. Se los acusa por los delitos de "cohecho, malversación de fondos e incumplimientos de los deberes de funcionario público", según la denuncia original que el domingo a la noche presentó el periodista Luis Ma- jul, en su programa La Cornisa.
Una fuente del INCAA señaló a Clarín que no tuvieron acceso a la denuncia, ya que fue "directamente de la Oficina Anticorrupción a la Justicia". Y recién se conoció públicamente en el programa de Majul. Desde el Ministerio de Cultura explicaron que, "en cuanto el juez pida medidas de prueba y se expida, se tomarán las medidas que correspondan".
La denuncia fue presentada hace un mes, ante el juez Daniel Rafecas, quien ya lleva otras dos causas de la OA contra ex funcionarios del INCAA, por contrataciones irregulares de una sala de cine y de servicios de transporte. Pero el juez Rafecas alegó que no correspondía sumar esta nueva causa a las dos anteriores. Y la Cámara Federal aceptó su criterio, derivándola al juez Martínez de Giorgi.
En las dos causas anteriores que presentó la OA, hace tres meses el fiscal Guillermo Marijuan imputó como responsables del delito de “defraudación por administración fraudulenta” a tres ex titulares del INCAA: Alejandro Cacetta, Liliana Mazure y Lucrecia Cardozo, por el alquiler irregular de la sala de cine Artecinema al Grupo Aleph. El fiscal también imputó al último rector de la Escuela Cinematográfica (ENERC), Pablo Rovito; y a los ex gerentes Raúl Seguí y Rómulo Pullol, que fueron echados por irregularidades administrativas luego del escándalo tras el desplazamiento de Cacetta, hace cinco meses.
Además, el fiscal imputó a Cacetta, Cardozo, Seguí y Pullol por el mismo delito de “administración fraudulenta”, en un caso de contrataciones irregulares directas de servicios de transporte por 1,83 millón de pesos.
Las irregularidades en el INCAA son una constante. Hace cuatro meses, el juez federal Claudio Bonadio procesó a las últimas dos titulares del INCAA en la gestión kirchnerista: Liliana Mazure -ahora diputada del FpV- y su sucesora, Lucrecia Cardoso, por la contratación irregular del yerno y del chofer de Mazure; además de usar al chofer del INCAA para trasladar a Mazure como diputada K, en beneficio personal.
El juez Bonadio también investiga, en otra causa, a Mazure, Jorge Coscia y Jorge Alvarez, entre otros. Los tres ex presidentes de la gestión kirchnerista están imputados por la entrega discrecional de más de $ 50 millones en subsidios, entre los años 2006 y 2013.