Otro golpe al plebiscito catalán: ordenan desalojar y precintar los centros de votación
Lo decidió la Fiscalía de Cataluña. La policía deberá hacerlo antes del sábado. Es para impedir la realización de la consulta sobre la independencia convocada para el domingo próximo.
En una escalada de tensión que aumenta los temores sobre disturbios el próximo domingo, día del referéndum ilegalizado, la Fiscalía Superior de Cataluña ordenó ayer a la policía catalana desalojar y prescintar todos los posibles centros de votación. El bloqueo comenzará a realizarse el viernes por la noche.
El fiscal exige “la vigilancia de la integridad del precinto” y que los Mossos (policías catalanes) avisen a la Fiscalía de las “rupturas de los precintos o accesos a los locales que eventualmente se produzcan”.
Los responsables de los locales, en especial numerosos centros de enseñanza, deberán entregar las llaves a los policías que colocarán una nota de aviso bien visible donde se advier- te de las graves consecuencias que acarrea la destrucción de los precintos. El fiscal advierte a los policías para que amplíen su vigilancia cuando sea preciso. En concreto, las instrucciones dejan claro que “cuando el local previsto como punto de votación se halle en el interior de un edificio más amplio, el dispositivo desplegado deberá evitar igualmente que se intente producir la votación en otro lugar del mismo establecimiento o en sus inmediaciones”. Incluyen aquí la vía pública y “hasta un radio de seguridad de 100 metros del local”. Los Mossos deben garantizar “la no constitución” de las mesas electorales y, para ello, deberán desplegar un “dispositivo” específico una hora antes de la apertura de los colegios prevista para las 7.30 del domingo, con el objetivo de “prevenir la conformación de las votaciones” y “problemas posteriores de orden público”. Además, “se deberá impedir el acceso a los responsables de la conformación de la mesa” e “impedir la entrada en el punto de votación”. Asimismo, el Fiscal exige que se identifique a todos aquellos que intenten constituir la mesa y también a aquellos “responsables y participantes”, y que se incauten “los efectos e instrumentos destinados a garantizar la votación, especialmente urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación y propaganda electoral”. Cada actuación deberá tener su propio atestado con el que se deberá informar puntualmente a Fiscalía.
La Fiscalía pide que se dé información puntual tanto de los colegios cerrados como de aquellos que estén ocupados por “personas con intención de proceder a formalizar la votación”. Los Mossos podrán pedir a las policías locales ayuda para obedecer estas instrucciones e incluso “solicitar los apoyos necesarios de los efectivos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin perjuicio de que la Fiscalía emita las órdenes e instrucciones procedentes”.
Estas acciones en toda Cataluña, apoyadas por la Guardia Civil , la Poli- cía Nacional y las Guardias Urbanas (guardias municipales) ya han provocado fuertes reacciones de rechazo. “Ya tenemos pensado aferrarnos a las urnas cuando la policía se las quiera llevar. Estamos organizados para que cada una de esas violaciones a la democracia provoque de inmediato demostraciones populares donde se produzcan los atropellos”, comentaba furioso un estudiante de la Universidad de Barcelona por televisión.
Los Mossos empezaron ayer a dar respuesta a la primera orden explícita de la Fiscalía, comunicada el lunes, de identificar a los responsables de los centros de voto. A las 8 de la mañana, y de manera verbal, los agentes fueron informados en la mayoría de las comisarías que debían presentarse en los colegios y centros que se han habilitado como puntos de voto.
Con discreción, vestidos de civil, los agentes hacían entrega de un acta donde se solicita diversa información: los datos del centro, del responsable del mismo, si ha recibido alguna comunicación por parte de Educación para ceder el local. En caso afirmativo, deben especificar el nombre de la persona que se lo comunicó y qué instrucciones le dio. Si fue por escrito, piden que se entregue el documento, así como cualquier otro material de la consulta (papeletas, listas de votantes, ordenadores, urnas).
Además, se les comunica a los afectados que deben entregar las llaves a “cualquier persona pública o privada, incluida la administración educativa” y si se niegan se puede considerar un delito de desobediencia, prevaricación y malversación.