Las ciudades en la agenda de la coparticipación federal
Abogado y Magister en Administración Pública. Secretario de Gobierno, Municipalidad de Córdoba.
La nueva agenda urbana mundial tiene un desafío determinante: cada día son más las personas que eligen vivir en las grandes ciudades. En América Latina , el 80% de los seres humanos se han aglutinado en extensas urbes, mientras que en la Argentina, 9 de cada 10 habitantes son vecinos de alguna urbe.
Esta realidad nos enfrenta a diversos desafíos, desde asuntos ambientales, urbanísticos, movilidad y servicios públicos, hasta cuestiones que podemos percibir como “intangibles”; esto es, que aquellos habitantes de un mismo conglomerado urbano puedan acceder a un progresivo nivel de igualdad de oportunida
des. El Estado en sus tres niveles de gobierno – nacional, provincial y municipal- tiene un rol fundamental para alcanzar este objetivo.
Pareciera indiscutible entonces, que la igualdad de oportunidades como empresa conjunta de una sociedad sea un desafío que involucra a estos tres estamentos, debiendo cada uno coadyuvar con los recursos necesarios para ello, asunto que, sin embargo, genera distorsiones y desigualdades.
El sistema de transferencia de recursos entre los tres niveles de gobierno se conoce como coparticipación federal. Constituye una herra-
mienta fundamental para aumentar la igualdad de oportunidades, pero el obsoleto sistema vigente que data de 1988, y que tuvo un desafío trascendente en Reforma Constitucional de 1994 esta en crisis. La realidad política dominante, en complicidad con una mirada cortoplacista, impidió que pudiera plasmarse en una ley que materializara los objetivos impuestos
por los constituyentes del 94. El tema se fue alejando de tan mentada “objetividad” que pregonaba el texto constitucional, y su politización y falta de una visión de largo plazo, hizo perder de vista el fin estratégico que importaba sancionar un nuevo texto legal, pendiente de aprobación y sanción desde 1996.
En la actualidad, el debate sobre quién genera ingresos y quién los gasta es conocido y se traslada a los sistemas sub-nacionales, es decir a la relación provincia municipios. Desde el reconocimiento de la autonomía que la Constitución Nacional del 94 les efectuó, podemos sostener que los municipios son “pequeños esta
dos” destinados no solo a prestar servicios, si no también a cumplir fines sociales, económicos, políticos y culturales. En los Municipios, el Estado ha forjado un
vínculo inmediato con el ciudadano. Las ciudades receptan las demandas sociales de sus ha- bitantes, y tienen a su cada vez mayores responsabilidades en materias de salud, educación, deporte, asistencia social, cultura, y un sinnúmero de políticas públicas.
Sin embargo, y a pesar de ser percibidos como los principales prestadores de políticas sociales, los Municipios se han visto sofocados por los Gobiernos Provinciales que con diversas estrategias y creación de fondos específicos han disminuido la base de recursos coparticipables generando una evidente inequidad que afecta su subsistencia económica. Las ciudades, paradójicamente, aglutinan a la mayoría de la población, soportan las crecientes demandas sociales y como contrapartida reciben menores transferencias de fondos.
La conclusión ineludible es que debemos discutir no solo un nuevo esquema tributario sino también una nueva ley de coparticipación fe
deral. El Gobierno Nacional ha manifestado su voluntad política de saldar esa obligación constitucional, lo cual es auspicioso. Si bien el Congreso tendrá la última palabra, las ciudades deberán ser actores necesarios del debate como parte del desafío de cambiar la realidad. No hacerlo, es retroceder en la irrenunciable tarea de generar igualdad de oportunidades a todos nuestros compatriotas.