Giro en España: ahora es la Corte de Cataluña la que exige a la policía impedir el referéndum
El máximo tribunal tomó cartas en el asunto. Y le ordenó a los tres cuerpos policiales que actúan en la región que clausuren cualquier local público que pretenda utilizarse en la consulta.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha hecho cargo directamente de las operaciones de clausura de los colegios electorales para el referéndum prohibido del primero de octubre próximo. En un escrito a los Mossos de Escuadra, Guardia Civil y Policia Nacional, la magistrada Mercedes Armas les ordena impedir hasta el domingo, día de la consulta declarada ilegal por Madrid, la utilización de cualquier local o edificio público para que se realice el referéndum. Esto incluye a centros de enseñanza, hospitalarios, municipios, y cualquier otro local utilizado para realizar el sufragio prohibido.
Una novedad importante es que ordena que los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional deberán actuar conjuntamente “prestándose conjuntamente auxilio y apoyo”. Esta drástica decisión de la jueza se produjo poco después de una nueva polémica sobre el papel de los Mossos, que cuestionaban el cumplimiento de los mandatos judiciales para aplicar su “experiencia profesional”.
Las órdenes de que fueran los Mossos quienes clausuraran los centros queda abrogada. La responsabilidad ahora será conjunta y no habrá excusas. La decisión de la jueza abre una nueva etapa y ordena apartarse a la Fiscalía, una decisión inesperada que quiere evitar polémicas e ir directamente a implementar todo lo que pueda impedir el sufragio ilegal. Ordena a la Fiscalía que “deberá cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones que hasta el momento viniera sustanciando en relación con estos hechos.
La jueza precisa que el primero de octubre “debe impedirse o deben cerrarse todos los centros que hayan sido abiertos”. En caso de los edificios con instituciones compartidas se procederá únicamente al cierre de las dependencias comprometidas con la consulta. También manda “requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en su caso, estuviera en disposición de introducirse o fuera hallado dentro de dichos locales o edificios, incluyendo los ordenadores” disponibles.
La decisión de la magistrada afecta los establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística o de cálculo. Centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.
Por primera vez en las distintas resoluciones que tanto el Ministerio Público como los jueces han ido tomando en los últimos días, una ma-
gistrada muestra su disgusto con estas iniciativas y recuerda de forma expresa que el desarrollo de la consulta ya está en manos de instructores y deben ser ellos quienes ordenen las medidas a adoptar.
La magistrada carga contra los miembros de la Generalitat, que han evidenciado una clara inobservancia sobre decisiones del Tribunal Superior de Justicia en una “actitud renuente” a cumplir esas órdenes. El origen de esta drástica decisión fue una reunión ayer de las fuerzas de seguridad del estado (Mossos, Guardia Civil y Policía) en presencia del “director técnico” coordinador con mando, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Arcos. El polémico Mayor (comandante) de los Mossos de Esquadra, Josep Luis Trapero, explicó que si la policía catalana procedía a precintar los centros electorales se producirían problemas de seguridad ciudadanas y riesgo de alteraciones de orden público.
Trapero recibió una orden del Fiscal General de Cataluña, de rápido cumplimiento, para precintar los centros de votación del referéndum ilegal a partir del viernes por la noche. “Esto puede comportar consecuencias no deseadas, problemas de seguridad ciudadana y el previsible riesgo de alteraciones de orden público que se pueda derivar. El comandante confirmó que cumplirá la orden de la Fiscalía. Los Mossos han recordado que las medidas ordenadas por la Fiscalía “se han de ajustar a los principios básicos” de cualquier actuación policial: “Oportunidad, proporcionalidad y congruencia”. Cumplir con la orden “no excluye la responsabilidad profesional” de contemplar esas “consecuencias no deseadas”, añade. Esta reticencia abre la posibilidad de que algunas de esas órdenes no se cumplan.
El “director técnico” coronel, Diego Pérez de Los Cobos, continuará en su cargo. La Generalitat y los Mossos de Esquadra criticaron esa decisión indicando que el cuerpo pasaba a estar tutelado por el gobierno de Madrid,al ser rechazado un recurso de la Generalitat ante el Tribunal Superior para que la decisión del gobierno de Rajoy quedara sin efecto,
Poco después, en una escalada de vaticinios de un “domingo negro” el Conseller (ministro) del Interior, Joaquím Form, declaró que el Ejecutivo de Madrid “azuzaba la situación en Cataluña” para que haya enfrentamientos en las calles el próximo domingo.
“Quieren que se produzcan movilizaciones tumultuosas y que no sean pacíficas. Lo están buscando y los policías vienen con esa voluntad, es evidente y lo vemos cada día”, acusó finalmente Forn.
El gobierno catalán dice que Madrid agita la situación para que haya choques en las calles.