En Tres de Febrero identificaron a 18 chicos que hicieron llamados y ahora demandarán a sus padres
Es porque todavía son inimputables. El intendente dice que los casos no pueden quedar impunes.
Tres de Febrero fue uno de los distritos del Conurbano donde empezó la ola de amenazas de bomba. Tras varias advertencias y hasta allanamientos a casas de alumnos, en el Municipio decidieron tomar medidas más firmes para ponerle fin al problema: demandarán civilmente en la Justicia a los responsables de amenazas. En caso de ser menores de edad, los denunciados serán sus padres o tutores. Ya hay 18 casos identificados en la mira.
“No puede ser que esta distracción de recursos municipales quede impune”, dice el intendente Diego Valenzuela, que además emitió un comunicado para informar el nuevo modus operandi, similar al que aplica Morón. “En cada amenaza de bomba que se efectúa se envían todos los servicios de emergencias. Ambulancias, patrulleros, personal de seguridad vial y de defensa civil son enviados por obligación del protocolo, y es en vano. Todas esas unidades se encuentran en situaciones en las que no les corresponde estar”, argumenta el jefe comunal.
Desde el Municipio de Tres de Febrero están trabajando junto con la Fiscalía N° 11 de San Martín para “individualizar” a los autores de las amenazas de bomba. Están investigando 143 llamados de amenazas realizados al 911 (126 en escuelas públicas y 40 en privadas) y hay unos 18 presuntos autores identificados (14 menores ya fueron citados a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil).
Durante el mes de agosto, las escuelas del distrito no tuvieron casi respiro: hubo unos 50 casos. Todos los días llegaban nuevas denuncias que obligaba a suspender las clases. “Además de todo el tiempo que lleva vaciar el edificio, también hay que esperar a que llegue la brigada antiexplosivos que viene desde San Martín. Casi siempre se debe suspender la actividad todo el día”, dice Valenzuela.
Desde que empezaron las amenazas de bomba, el municipio no tuvo paz. Valenzuela explicó: “Las investigaciones llevaron a la identificación de 18 estudiantes, todos menores y por lo tanto inimputables ante la Justicia”. Y adelantó que “ante la imposibilidad de juzgar penalmente a los imputados” van a iniciar “una demanda civil a los padres, madres o tutores responsables de los jóvenes identificados para que respondan económicamente por las pérdidas que las acciones de sus hijos o hijas ocasionan a la comunidad”. ■