Las causas penales que complican a Gils Carbó
El caso más difícil es el procesamiento por la polémica compra de un edificio sobre la calle Perón.
Alejandra Gils Carbó quedó en la mira principal de la Justicia por haber cometido los presuntos delitos de “fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública”, en la compra de un edificio por más de $ 43 millones. Se trata de la causa a cargo del juez federal Julián Ercolini, que investiga la compra del inmueble para el Ministerio Público Fiscal ubicado en la calle Perón 667 y que precipitó su renuncia formal.
Pero también está investigada por haber nombrado fiscales afines en distritos para los cuales no los había refrendado el Senado de la Nación. También tenía denuncias de menor cuantía.
Pero la principal era por el edifico de la calle Perón. En agosto, la ex Procuradora General de la Nación estuvo cuatro horas en el despacho del juez Ercolini y negó todas las acusaciones, aunque reconoció que hubo “un negocio oculto” en la adquisición del edificio
Renunció Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación
En la operación de compra del inmueble, la empresa Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios.
Para el magistrado, en la maniobra de compra del inmueble se buscó dar “un viso de legalidad” al proceso licitatorio “direccionado desde su inicio” para beneficiar a la Procuradora y funcionarios allegados y que esto generó un “perjuicio para el ministerio Público Fiscal”.
Dos meses después de ser indagada, Ercolini procesó a Gils Carbó y le trabó un embargo por 7 millones de pesos.
A partir de allí, distintas voces del oficialismo comenzaron a sugerir, a través de los medios, que la renuncia era la mejor decisión que podía tomar la jefa de los Fiscales nacionales.
Hacia fines de octubre, el fallo de un juez en lo Contencioso Administrati- vo que avaló la remoción de Gils Carbó, sin necesidad de un juicio político, abrió otra vez la incógnita respecto de su futuro al frente de la Procuraduría.
Además, Gils Carbó acumuló en lo que va de su gestión de casi cuatro años el récord de “24 denuncias penales” contra un Procurador General de la Nación en ejercicio de sus funciones. Una de ellas es la denuncia que le formuló el fiscal José María Campagnoli por filtrar expedientes judiciales a la SIDE podría llegar a romper ese cerco de protección política y judicial.
Campagnoli se basó en el ex director de la SIDE Stiuso quien contó bajo juramento de decir la verdad cómo su jefe directo en la SIDE K entre el 2003 y el 2014, Paco Larcher, le pasaba datos que el fiscal le había dado a Gils Carbó del confuso secuestro de Severo Caballero en el 2012.
Si el juez Rodolfo Canicoba Corral acepta las medidas de prueba del fiscal Ramiro Gonzalez todo indica que la causa terminará con un careo entre Stiuso y Larcher que será para “alquiler balcones”, dicen en los tribunales federales. Y en este caso, uno de los dos puede terminar siendo acusado de falso testimonio y Gils Carbó, procesada. ■