Ponen en venta la participación estatal en firmas de energía: buscan US$ 1.000 millones
Reorganizan el sector. Parte del dinero se derivaría a la construcción de las represas de Santa Cruz.
En una jugada audaz, el ministerio de Energía decidió vender casi todas sus participaciones en centrales eléctricas y empresas del sector. A través de un decreto publicado ayer, se habilita a una nueva firma estatal a concentrar todos los activos energéticos y desprenderse de aquellos que no son fundamentales.
La estatal Enarsa, creada en 2004 y encargada de las compras de gas importado, absorberá la participación del Estado nacional en Yacyretá y mutará su nombre por Integración Energética Argentina S.A. Esta última, a su vez, reunirá la participación estatal en varias compañías eléctricas y las sacará a la venta.
La flamante Integración Energética seguirá a cargo de la compra de gas importado, terminará el gasoducto del noreste (GNEA) y se abocará a supervisar el avance de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz y el yacimiento carbonífero de Río Turbio. Casi todo lo demás se venderá a privados a través de licitaciones.
El objetivo del Gobierno es recaudar un mínimo de US$ 1.000 millones. Pero también hay una visión estratégica: que la generación eléctrica esté en manos de los privados, como sucedía hasta 2003 y como funciona en la mayoría de las economías desarrolladas.
El Estado nacional es dueño de la mitad de Citelec, una sociedad que a su vez es dueña del 50% de Transener. El Gobierno le compró una participación a Electroingeniería en 2016, cuando la acción cotizaba en torno a los $ 7. Ahora, ese papel está a más de $ 40. Cuando el Estado venda, obtendrá una ganancia de 5 a 6 veces sobre la inversión original, según estiman en el Gobierno. Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, es el socio actual de Transener. Sería de es- perar que ese holding trate de adquirir lo que vende el Estado nacional.
La administración anterior alentó la construcción de centrales eléctricas a través de un mecanismo llamado Foninvemem. Allí, se autorizaban inversiones en energía a través de acuerdos con Cammesa, promesas de pago y un mecanismo viscoso a los ojos de la mayoría de las empresas privadas.
En las centrales Ensenada Barragán (Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe), el ministerio de Energía se desprenderá de las acciones y al mismo tiempo licitará el cierre de ciclo, que es la terminación de esas centrales.
En el caso de las centrales San Martín, Vuelta de Obligado, Manuel Belgrano y Guillermo Brown -también moldeados bajo ese mecanismo de compensaciones decididas por la mayorista Cammesa-, algunas empresas poseen una suerte de “pagarés” (de pagos comprometidos por el Estado) que totalizan $ 12.000 millones. El Gobierno permitirá que puedan usar ese dinero si se presentan a las licitaciones.
También hay participaciones estatales menores al 10% en Central Puerto, Transpa y Central Térmica Güemes que saldrán a la venta.
El Gobierno espera recaudar, al menos US$ 1.000 millones, con las licitaciones que encarará para desprenderse de esos activos.
Para la construcción de las represas en Santa Cruz se requieren US$ 4.700 millones. El 85% vendrá de un préstamo chino, pero el 15% restante lo tendrá que abonar el Tesoro nacional. La plata podría salir de la liquidación de la participación estatal en otras empresas.
Las represas patagónicas dejarán de llamarse “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, para retomar sus nombres originales: “Condor Cliff” y “Barrancosa”. El consorcio ganador de esa obra está encabezado por Electroingeniería. La firma cordobesa fue precisamente la que vendió un 25% de Citelec, que compró el Estado nacional. La forma en que Electroingeniería se hizo de Transener (se la vendió Petrobras) es materia de investigación judicial en Brasil. ■