Educación, ni inclusiva ni de calidad
Unos la exigen y otros la reclaman: la “educación inclusiva y de calidad” va de boca en boca sin que nadie (o casi nadie) explique en qué consiste ni qué hacer para lograrla. El acceso a la educación puede estar garantizado a la población toda y, sin embargo, no haber inclusión. La política educativa no puede hacer mucho cuando la economía es frágil y la distribución del ingreso injusta. La inclusión educativa depende de la inclusión social. A su vez, la calidad de la educación depende de la capacidad de los docentes, los métodos de enseñanza, las metas y los plazos que se fijen y las periódicas evaluaciones.
Es cierto que las mediciones internacionales, como PISA, TIMSS, PIRLS, tienen márgenes de error altos, entre otras cosas por las diferencias de idiosincrasia y condiciones políticas, económicas y sociales de los distintos países.
No obstante, si a lo largo de los años cierta medición muestra una constante y, más aun, otras mediciones son coincidentes, los resultados deben tenerse en cuenta. Sobretodo en materias universales como las matemáticas. Hace años que, en matemáticas, los chicos de Singapur, Hong Kong y Japón superan a los chicos de la mayor parte del mundo. En el índice PISA, desde el año 2000. En el TIMSS, desde 1995. Los métodos de esos países son similares.
Para ellos, el objetivo de las matemáticas es uno solo: la resolución de problemas. Nunca empiezan por lo abstracto (como lo son las fórmulas) sino que comienzan por la manipulación objetos, luego pasan a las representaciones gráficas y, sólo al final, a lo abstracto. La misma estrategia ha adoptado hace poco Estonia, cuyos chicos figuran ya, en el último PISA, entre los diez primeros países en todo: matemáticas, ciencias y comprensión de textos. En países como el nuestro es difícil seguir esos criterios.
Hay algo que conspira, tanto contra la inclusión como la calidad. Es la interferencia de la ideología. O de los prejuicios y slogans que muchos llaman ideología.
Por un lado, sostener que la distribución del ingreso debe ser justa, y relacionar los fracasos educativos con la pobreza, no es ser “de izquierda”.
Tampoco es “de izquierda” sostener que la educación debe estar, principalmente, a cargo del Estado. Un precursor de la escuela pública subrayó décadas atrás que “la sociedad está dividida entre aristócratas, que tienen la tierra y ocupan el poder, y los que no tienen fortuna”, razón por la cual propició la constitución de “escuelas públicas y gratuitas, dondequiera que flamee la bandera” argentina. Escuelas laicas, “sin religión”, a cargo de maestras que no fueran discriminadas, como en Estado Unidos, donde se capacitaba “a la mujer por razones pecuniarias”, ya que “los maestros” costaban “caros”, y las mujeres -- que carecían de “profesiones” y tenían “vedados los otros empleos”-- resultaban “baratas”.
El que sostenía todo eso no era precisamente un hombre de izquierda. Se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Sus idea quedaron plasmadas en una ley, la 1420, promulgada por alguien que era (aun menos) de izquierda: el Presidente Julio Argentino Roca, quien llegó a expulsar al nuncio apostólico y cortó relaciones con el Vaticano por la oposición de la Iglesia católica a la enseñanza laica.
Y así como los defensores de tales criterios no son “de izquierda”, tampoco son “de derecha” los que defienden los exámenes de ingreso o promoción, las evaluaciones y el re-entrenamiento de los docentes. Todo eso se practicaba en el mundo comunista y se practica en los países socialistas o socialdemócratas. En América Latina, un Presidente que hizo ingresar a su país ALBA (la alianza promovida por Venezuela, que integran Cuba, Bolivia y Nicaragua) llevó a cabo en su país una reforma educativa que aquí muchos progresistas llamarían conservadora.
Rafael Correa, ex jefe de Estado de Ecuador, a cuyo impulso se sancionaron leyes que afectaban a los ricos, proclamaba que “cuando la oligarquía está de luto, el pueblo está de fiesta”. Él hacía esfuerzos por transformar (son sus propias palabras) “un Estado burgués en un Estado popular”. Ese Presidente, a quien no se le podía llamar reaccionario, llevó adelante una reforma educativa impensada:
•Prohibió las huelgas de docentes.
•Ligó los sueldos de los maestros a los méritos, no a la antigüedad.
•Estableció que nadie puede enseñar sin un título universitario.
• Creó, a ese efecto, una universidad para “formar formadores” e “importó” profesores europeos.
• Subsidió la radicación de maestros provenientes de países que lideran los rankings de educación
•Impuso el examen de ingreso a las universidades.
•Fijó cupos para cada carrera.
•Introdujo evaluaciones periódicas a todos los niveles de la enseñanza.
•Cerró14universidadesquenoalcanzaban losstandardsdecalidadfijados porelEstado.
Claro que Correa fue demasiado lejos cuando, frente la resistencia sindical a las reformas, disolvió la Unión Nacional de Educadores. Salvo uno que otro exceso, inevitable, la reacción del gremio, como la de los estudiantes, no había violado la ley. Y el país no se había paralizado. No había escuelas tomadas ni manifestaciones violentas.
Una reforma tan profunda como la que impulsó Correa requiere del gobernante prudencia y paciencia. Sin embargo, los objetivos del ex presidente ecuatoriano eran inobjetables. Y hace falta mucha decisión para evitarle a la sociedad una educación de mala calidad. Como lo saben por igual los visionarios de izquierda y de derecha, un país en desarrollo debe adoptar políticas educativas muy audaces. No es fácil, pero es imprescindible, terminar con el facilismo y las falsas ideologías.
Con tino y gradualismo, un gobierno realmente progresista debe aumentar las exigencias y tolerar las resistencias, para lograr así mejores educadores y mejores educandos. En definitiva, para hacer realidad el slogan. Educación inclusiva y de calidad. ■