Sobre fueros y desafueros
La moderna política democrática está recorrida por tensiones cuya resolución definitiva es imposible avizorar. Son como hidras de siete cabezas porque exigen de nosotros una y otra vez el esfuerzo de cortarlas y el atemperamiento de nuestra frustración porque vuelven a crecer.
Una de estas tensiones es la que tiene lugar entre el discrecionalismo y la corrupción del poder, por un lado, y las oleadas de ilusión purificadora, las cruzadas por la transparencia y la eliminación definitiva de aquellos males, por otro. La opinión pública suele moverse a compás del desarrollo de esta tensión, ora tolerando aquello que no deberíamos tolerar, ora dando rienda suelta a la indignación y exigiendo que los males que antes consideró llevaderos se acaben de una vez y para siempre, si es necesario a sangre y fuego.
La detenciones de estos días, y muy especialmente el pedido judicial de desafuero de Cristina Kirchner acusada de traición a la patria, presentan conductas institucionales y políticas cuyo examen puede hacerse en este marco. Como ciudadano, tengo la convicción de que el gobierno de los Kirchner no era un gobierno corrupto; era un gobierno que no establecía en los hechos diferencia alguna entre corrupción y política: la política era corrupción y la corrupción era política.
Tengo, asimismo, la convicción de que el Tratado con Irán fue un episodio negrísimo en la historia de nuestras relaciones internacionales y el encubrimiento de responsables de la masacre de la Amia es patente. Precisamos justicia, esto es indiscutible.
No obstante, el comportamiento de miembros conspicuos del Poder Judicial también debe ser puesto en tela de juicio. El pedido de desafuero de la flamante senadora es tan inconsistente que es difícil encontrarle una explicación clara: ¿se trata de la iniciativa de un juez animado ahora por el espíritu de cruzado? ¿de alguien que sobreactúa para hacer méritos ante el gobierno de turno o, por el contrario, quiere ponerlo en aprietos? ¿se trata de la acción de quien desea constituirse en el nuevo abanderado de una demanda social contra la corrupción?
Ni Cristina ni los restantes detenidos por el caso estarían en condiciones de fugarse ni de entorpecer las investigaciones. Llevar adelante la investigación con los acusados en libertad hasta su eventual condena haría patente un comportamiento judicial mesurado y ejemplificador en términos republicanos. Todos sabemos que, dadas las presentes reglas de juego, los jueces disponen de una dosis importante de discrecionalidad para decidir y actuar.
El grado de peligro de fuga o de entorpecimiento de una investigación queda a su criterio. Pero aceptar mansamente una aplicación absurda de la discrecionalidad puede ser, además de injusto, peligrosísimo, porque la acción institucional, y la judicial dentro de ella, crea precedentes. La práctica de las detenciones preventivas puede convertirse en una rutina que afecte a justos y pecadores y, sobre todo, erosione la capacidad liberal-democrática de establecer límites al poder (a veces olvidamos cuán poder es el Poder Judicial). Y todo bajo la bandera de la purificación, la ilusión de turno de la antipolítica.
Nada nuevo bajo el sol. Pero hete aquí que el Gobierno tiene una oportunidad de oro para dar señales edificantes a la sociedad y al mundo político. La oposición peronista colaborativa ya ha hecho saber que no votará el desafuero de Cristina. Los legisladores de Cambiemos deberían hacer lo mismo. Sobre la base de que salvo en situaciones claramente excepcionales, habrá desafueros únicamente luego de sentencias firmes. Personalmente no defiendo los fueros legislativos; los considero una institución arcaica que debería eliminarse. Pero están en vigencia y votar contra el desafuero es transmitir una señal pública contra las detenciones preventivas.
De paso, frente a muchísimos observadores, se pondrían en ridículo afirmaciones como la de CFK de que el juez Bonadio es un empleado de Macri, y, más importante, se haría una demostración de un nuevo espíritu de cooperación democrática entre el Gobierno y sectores sustancialmente relevantes de la oposición.
No intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, y cooperación política interpartidaria, son bienes cuya afirmación resulta muy valiosa para los difíciles años que vienen. Complementariamente, la emisión, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, de señales claras contra la tentación del poder judicial de jugar a la justicia “justiciera”, será un avance republicano.
En Brasil, el justiciero juez Sérgio Moro llegó tan lejos como para afirmar que la presunción de inocencia “no podía ser considerada como absoluta”. Se trataba meramente de un “instrumento pragmático” que podía ser anulado a voluntad del magistrado. Ah bueno.
El gobierno de los jueces podría llegar a ser aún más opresor, sobre los ciudadanos, que el gobierno de los políticos. Lo que ya es mucho decir. En Brasil, la desconsideración del debido proceso se combinó con una feroz colusión entre fiscales, jueces e importantísimos medios de comunicación y el efecto poco puede sorprender: la justicia presidida por la sentencia de que el fin justifica los medios descarrilla en un nuevo descreimiento público sobre el respeto a la ley. Tenemos la oportunidad de comenzar a apartarnos de ese camino. ■