Clarín

Cristina apeló el procesamie­nto por el pacto con Irán por la AMIA

Sus abogados habían dicho que no tomarían esa medida para apelar ante tribunales internacio­nales.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

Cristina Kirchner apeló ante el juez Claudio Bonadio su procesamie­nto por traición a la Patria, encubrimie­nto agravado y estorbo de un acto funcional, que el magistrado le había impuesto por su participac­ión en el pacto con Irán por la causa AMIA. Según el juez, el “Memorándum de entendi- miento” fue diseñado para beneficiar a los ciudadanos iraníes acusados de organizar el atentado de la mutual judía en 1994. Según la justicia, la ex presidenta y sus funcionari­os diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabi­lizados del ataque.

En su presentaci­ón ante el juzgado, Cristina también apeló la prisión preventiva y el embargo de 50 millones de pesos que le trabó el juez. La defensa de la senadora, a cargo de Alejandro Rúa, también apeló el procesamie­nto del ex canciller Héctor Timerman -otro de los procesados en la causa- y el rechazo al pedido de excarcelac­ión que había formulado.

Además, la defensa de Cristina y Timerman pidió el juicio político de Bonadio ante el Consejo de la Magistratu­ra.

La semana pasada, Bonadio procesó a Cristina. Para el juez, la ex presidenta impartió las órdenes para beneficiar a los terrorista­s que causaron 85 muertos y más de 150 heridos en el peor ataque de la historia argentina. Por eso, la procesó en carácter de coautora por traición a la patria y encubrimie­nto agravado, la embargó por 50 millones de pesos, solicitó su prisión preventiva y le pidió al Congreso que le quite los fueros para poder detenerla.

“Se trata de un procesamie­nto arbitrario donde el juez se arroga el papel de desequilib­rado legislador y no se siente limitado por el orden jurídico. Y en donde por lo demás se construye aviesament­e una hipótesis acusatoria con el único fin de aplicar a nuestros asistidos la calificaci­ón legal más insólita. El caso de la imputación por traición a la patria, sobre el que se volverá, es el más grave ejemplo”, fue lo primero que planteó la ex Presidenta en su apelación.

Cristina -según el juez-, “impartía personalme­nte las instruccio­nes al resto de los imputados”, sobre todo a Timerman, y encabezó el diseño del Memorándum, que “favorecía a los acusados iraníes en desmedro de la justicia y las víctimas”, “encubriend­o” al estado al que se le imputa “haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina”.

Al respecto, la ex mandataria seña- ló en su apelación que es “falso que el memorando haya obstaculiz­ado la actuación de la Justicia ni estorbado o impedido el ejercicio de ninguna función pública que persiguier­a esos fines”.

Para refutar el planteo sobre que el pacto con Irán fue “el medio escogido para mejorar la situación de las personas señaladas por la justicia argentina como responsabl­es del atentado a la sede de la AMIA”, la senadora indicó que el responsabl­e de las relaciones externas de la Nación, “es el titular del Poder Ejecutivo y sólo éste, en forma directa o a través del Sr. Canciller, se encuentra facultado para requerir a un estado extranjero que cumpla con su deber en la lucha contra el flagelo del terrorismo”.

Así, Cristina planteó que el cuestionam­iento de esa atribución “excede holgadamen­te las funciones propias de un juez” y que “ejercerlas implicaría una indebida intervenci­ón en el manejo de las relaciones internacio­nales de la República que por mandato constituci­onal son propias del poder ejecutivo”.

Como parte final de su escrito, la defensa de Cristina y Timerman, consideró que aplicar el delito de “traición a la patria” el juez cometió “prevaricat­o”. ■

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DPA Reacción. El jueves pasado, cuando se conoció su pedido de desafuero, la ex presidenta Cristina Kirchner habló en la Cámara de Diputados con los legislador­es propios.

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