Allanan la sede de la Armada y las oficinas de la empresa que reparó las baterías
Operativo en el marco de la denuncia por sospechas de corrupción que presentó Elisa Carrió.
La Policía Federal secuestró ayer documentación sobre las reparaciones de la Flota de Mar durante un allanamiento realizado en el edificio Libertad, sede de la Armada, en el marco de una denuncia realizada la semana pasada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y otros legisladores de su espacio por presuntos actos de corrupción durante el gobierno kirchnerista.
El allanamiento fue ordenado por el juez federal Sergio Torres, con intervención de la fiscal subrogante María Alejandra Mangano, e involucra, por ejemplo, a las tareas de mantenimiento de “media vida” del desaparecido submarino San Juan, cuyo paradero se desconoce a más de un mes de su último contacto con las bases navales.
La orden del magistrado, con intervención de la secretaría 24 de su juz- gado, a cargo de Verónica Bresciani, también incluyó otro allanamiento en la sede de la empresa alemana Ferrostaal, involucrada en las tareas de mantenimiento del ARA San Juan y en otra causa iniciada años atrás por presuntos actos de corrupción en la compra de cuatro embarcaciones del tipo Patrulleros Oceánicos Multipropósito (POM). Esa causa estaba a cargo del juez Ariel Lijo y no se registraron mayores avances luego de diversos procedimientos y medidas llevadas a cabo en 2010.
Los agentes afectados a los operativos realizados ayer secuestraron del edificio de la Armada, ubicado frente a los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, cuatro cajas con documentación sobre las operaciones investigadas, que van de 2005 a 2015. También se llevaron documentos de la sede local de la empresa Ferrostaal, ubicada en la calle Lima al 300, en pleno centro porteño.
Esta firma es la que reparó las baterías del submarino desaparecido durante las tareas de “media vida” efectuadas entre 2007 y 2015 en el Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR) ubicado en la dársena sur del puerto de la ciudad de Buenos Aires y no en el astillero del fabricante, en Alemania, por temores a embargos por el entonces estado de default de la deuda externa argentina.
En su denuncia, firmada junto a otros dirigentes de la CC-ARI como Juan Manuel López, Luis Petri, Mariana Zuvic y Juan Calandri, que fue quien encabezó la investigación llevada a la Justicia, Carrió denunció la presunta existencia de una asociación ilícita entre las autoridades de la Armada y el CINAR -que incluye a los astilleros Tandanor y Domecq García- que atravesó las gestiones de tres ministros de Defensa del kirchnerismo: Nilda Garré, Agustín Rossi y Arturo Puricelli.
La denuncia había sido presentada el viernes pasado y apenas cinco días después se llevaron a cabo los primeros procedimientos para incautar información que pueda servir como prueba en la investigación. En e- lla, Carrió y sus codenunciantes, afirmaron haber recibido documentación luego de la tragedia del ARA San Juan que les permite inferir que los presuntos actos de corrupción denunciados no se tratan de “ilícitos aislados” sino de una trama de una asociación ilícita que funcionó entre 2005 y 2015 en el marco de las tareas de reparaciones y compras de repuestos de las embarcaciones de la Flota de Mar de la Armada.
La principal hipótesis sobre la falla que podría haber provocado el hundimiento del submarino San Juan casi en el límite del lecho continental argentino sería la de agua ingresada por el snorkel de la nave en medio de una tormenta y que habría afectado las baterías y provocado una explosión. ■