Desde Bélgica, Puigdemont pide reunirse con el mandatario
El ex presidente catalán Carles Puigdemont, reforzado políticamente después de que los tres partidos independentistas consiguieran sumar este jueves 70 diputados en un Parlamento de 135, sigue viviendo un dilema. Puede volver a España, donde pesa sobre su persona una orden de arresto por delitos que suman hasta 30 años de prisión. O quedarse 20 años en Bélgica hasta que esos delitos prescriban. Para empezar reclamó: un encuentro con Mariano Rajoy y el fin de la intervención de Madrid en Cataluña, activada tras la declaración de independencia ilegal y la fuga de Puigdemont a Bélgica.
El destituido mandatario catalán, hablando como otras veces en nombre del conjunto del pueblo catalán cuando su partido apenas superó el 21% de los votos, exige que la Justicia española anule los procesos judiciales obviando la separación de poderes y entendiendo que la victoria elec- toral de los secesionistas sería un salvoconducto que les declararía inocentes. Y que los votos que sumaron los independentistas el jueves (47,5%), “son un claro mandato para la independencia”.
Puigdemont presentó ante la prensa en Bruselas una lista de exigencias a Rajoy. Entre llas, una reunión “donde él quiera menos en España" y sin condiciones. “El señor Rajoy lo ha intentado todo menos una cosa, sentarse a hablar”, dijo. Exigió además que la Policía y la Guardia Civil española abandonen Cataluña (donde siempre han estado) como si fueran fuerzas de ocupación.
El ex mandatario catalán también exige a la Unión Europea que se decida a intervenir en la crisis, pero la UE se mantiene firme. Fuentes comunitarias explicaron que la posición europea no ha cambiado ni cambiará por el resultado electoral “de una región de un Estado miembro”. Bruselas sigue pensando que la crisis catalana es “un problema interno” de España, que debe resolverse a través del diálogo político y, recuerda a los nacionalistas, “respetando la ley”.
Bruselas cree que los nacionalistas violaron el Estado de derecho con la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y se salieron totalmente del marco legal cuando declararon de forma unilateral la independencia el 27 de octubre. Cualquier solución, repite el brazo ejecutivo de la UE, “pasa por el respeto al orden constitucional español”. ■