El escándalo desatado por Odebrecht acorrala ahora a Keiko Fujimori
La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, que impulsó la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, también está seriamente afectada por una investigación judicial vinculada a fondos aportados a su campaña por la constructora brasileña Odebrecht.
Keiko tenía que ser indagada por la Fiscalía el jueves pasado, pero su abogada logró postergar la cita. Lo que no pudo evitar es que las autoridades judiciales incautaran documentos relacionados con la financiación de las campañas presidenciales de Fuerza Popular.
Según la confesión de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa preso en Brasil, la constructora aportó dinero para la campaña de 2011 porque se creía que Fujimori podía ganar. La ex candidata, de 42 años, rechaza esas acusaciones y asegura que los fondos fueron obtenidos mediante cócteles con entrada paga y donaciones de una ONG estadounidense, de origen desconocido. El problema es que no puede constatar esas afirmaciones con documentos.
En Perú no es delito captar fondos para campañas presidenciales, pero el problema está en que al no existir un respaldo documentado se presume la práctica de lavado de dinero.
Justamente esa figura mantiene en prisión provisional al ex presidente Ollanta Humala, después de que Odebrecht confesara que le entregó tres millones de dólares para la campaña de 2011, en un caso al que expertos consideran idéntico al de Keiko.
Para colmo, el martes pasado el periodismo peruano reveló que Keiko, siendo legisladora, votó en el 2008 en el Congreso a favor de un informe legislativo que supuestamente benefició a Odebrecht. La periodista Milagros Leiva mostró una copia del documento que, según remarcó, permitió que el Estado peruano aceptara incrementar en 600 millones de dólares el presupuesto para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, a cargo de Odebrecht.
El caso Odebrecht afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar campañas electorales.
El escándalo salpica, además de a Humala y Keiko, a los ex presidentes Alejandro Toledo, prófugo desde febrero, y Alan García, investigado por la Fiscalía, así como al actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski. ■