La UIF y la OA insisten con que Casanello llame a indagatoria a Cristina
Apelaron la decisión del juez. Es por la causa de lavado de dinero que se le sigue a Lázaro Báez.
La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaron ayer la decisión del juez federal Sebastián Casanello de no llamar a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se le sigue al empresario detenido Lázaro Báez por lavado de dinero.
A través de comunicado conjunto la OA y la UIF dijeron entender que “es necesaria la intervención de la Cámara Federal dada la intransigente postura del juez de no receptar la pretensión de los acusadores de convocar a la imputada a prestar declaración indagatoria”.
El caso quedará en manos de la sala II de la Cámara Federal penal porteña, integrada por los Jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Ambos magistrados ya habían ordenado a Casanello definir si la llamaba o no a declaración indagatoria a la ex presidenta y actual senadora.
Tanto la OA como la UIF consideraron que la causa instruida por ese magistrado contra Báez y otros procesados reúne “una enorme cantidad de prueba” y que la investigación alcanzó “el estado de sospecha necesario para ordenar dicho acto”, en referencia a la convocatoria de la ex mandataria a indagatoria.
El comunicado conjunto difundido por ambos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) recordó que el pedido de indagatoria “también había sido formulado por la fiscalía, pero el 15 de diciembre el juez lo rechazó”.
Los querellantes acusan a Fernández de Kirchner de ser “la presunta jefa de la asociación ilícita y beneficiaria real de los bienes y fondos de Báez” y que a pesar de las pruebas, “el juez se resiste a llamar a la ex presidente a ejercer su defensa en declaración indagatoria”.
En sus presentaciones, ambos organismos recordaron que la asigna- ción de contratos de obra pública a las empresas del grupo Austral “no sólo tuvo por objetivo sustraer millonarios fondos estatales y otorgarles una apariencia de legitimidad sino también ponerlos en cabeza del patrimonio de Báez”, detenido en el complejo penitenciario de Ezeiza desde abril del año pasado y procesado, al igual que la ex presidenta, en otras causas.
LA OA y la UIF agregaron en su comunicado que esa maniobra fue ejecutada “de modo tal de disimular que Cristina Fernández -y su difunto esposo Néstor Kirchner- resultaban los verdaderos dueños de esa colosal fortuna, lo que quedó demostrado con el reingreso de buena parte de esos bienes al patrimonio de los Kirchner (como se investiga) en las causas ‘Hotesur y Los Sauces’”.
El presidente de la UIF, Mariano Federici, cuestionó al magistrado al sostener que “su reiterada resistencia ocasiona demoras similares a las que ya se vieron en esta investigación cuando su accionar debía involucrar a Lázaro Báez”, al que ordenó detener en abril de 2016 ante el temor de que
Tanto la OA como la UIF consideran que hay una “enorme cantidad de prueba” en la causa.
se fugara del país en el avión que lo traía de Ríon Gallegos.
Por su parte, la titular de la OA, Laura Alonso, afirmó: “vamos a agotar todas las instancias legales a fin de que la señora Cristina Fernández de Kirchner sea citada a indagatoria por el juez Casanello” porque “creemos que el dinero lavado por Báez proviene del direccionamiento intencionado de las decenas de milones de las obras públicas”.
Justamente, el argumento de Casanello para no llamar a la ex presidenta a indagatoria es que no está debidamente probado que el dinero lavado por Báez y los otros acusados provenga de la obra pública concedida a él en la provincia de Santa Cruz durante los doce años de gobiernos kirchneristas. ■