En Punta del Este, por primera vez van a controlar el uso de apps para alquileres
Es porque según las cámaras inmobiliarias a través de aplicaciones como Airbnb y páginas como Booking tanto propietarios como inquilinos consiguen evadir impuestos.
Punta está en riesgo como destino si no se controlan los alquileres en negro. Ese es el mensaje para la temporada 2018 de la Asociación de Inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este. No buscan perseguir a los turis- tas -como aclararon enfáticamente a Clarín- pero festejan que la Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay haya decidido, por primera vez, fiscalizar a dos poderosas apps: la de alquileres temporarios, Airbnb, y la de habitaciones en hoteles, Booking.
La “cacería” contra los alquileres irregulares ya tiene una oficina oficial con más de 50 agentes que tam- bién escanean la oferta de casas o departamentos a través de las redes sociales. Y las multas serán tanto para los que alquilen como para quienes tomen los alquileres.
“Si seguimos así vamos a pasar a ser un balneario de segunda o de tercera categoría. Esto tiene que ver con la ilegalidad. En Punta no puede haber gente que alquile sin pagar im- puestos y sin controles, así como no puede haber gente que venda ropa en la calle sin controles”, dice a Clarín Jorge Díaz presidente de la Cámara de inmobiliarios.
El fondo de la polémica es que alquilar por Airbnb es más barato porque no está dentro de un sistema regulado. “Pero si Airbnb comenzará a ser regulada, como cualquier otra inmobiliaria, eso no necesariamente tendría que impactar en el precio de los alquileres ”, explica Díaz.
Respecto a los turistas de nuestro país, la mayoría de los que este verano se ven en Punta del Este, Díaz aclara que “los argentinos eligen alquileres de mejor categoría, de 15.000 dólares, en promedio, para todo enero. Buscan lo que no les dan en ningún otro lugar. Y la mayoría no se arriesga a hacerlo desde la informalidad. Lo hacen por inmobiliaria porque son operaciones costosas. Los argentinos de menor poder adquisitivo, en cambio, pueden llegar a recurrir a un portero o a las webs. Son los brasileños y los paraguayos (cada vez hay más visitantes de Paraguay) los que más se arriesgan así. Pero las multas van para todos, no importa que el propietario sea argentino y el que tome el alquiler sea uruguayo”.
Además de que el Estado uruguayo no gana ni un peso con un alquiler informal -no se percibe del propietario el IRPF (Impuesto de Renta), del 10,5%, ni el IVA de la comisión, del 8%- desde la Cámara aclaran que “los intermediarios truchos o los porteros que lo hacen” implican que, por ejemplo, el turista argentino llegue a una casa “que no se condice con las fotos. No tiene lo que realmente pagó. Y nadie lo puede ayudar. Eso lo percibimos con una persona de Paraguay, un pseudo inmobiliario, que los engañaba de forma sistemática y la policía lo terminó deteniendo en su país”.
En un caso así, la plataforma de la polémica tiene sanciones internas: el usuario de Airbnb puede denunciar ese y otros casos de fraude. Según los expertos del sector, la posibilidad de alquilar por Internet deslocaliza los servicios y vuelve mucho más complejo el control. Pero según pudo saber Clarín, la regulación de
Airbnb será un hecho en Punta para la temporada 2018. “Uruguay es pionero en el cobro de impuestos a nivel nacional para una app como Uber. La próxima es Airbnb. En eso está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya nos pidieron asesoramiento otras administraciones de Latinoamérica. Pudimos intervenir en una app como esa para legalizarla, se va a repetir el esquema y por eso nos reunimos con todos los sectores involucrados”, dijeron a Clarín desde la dirección impositiva. Se referían al acuerdo al que llegó la Intendencia de Maldonado con el servicio de transporte alternativo Uber, que permitió que esos choferes trabajen en la Ibiza latinoamericana.
“El Estado tiene que acordar con Airbnb para que por cada alquiler que haga recaude el impuesto a la Renta”, dice a Clarín Javier Sena vicepresidente de esa Cámara. “La DGI puso en marcha un sistema de inteligencia. Van a caer tanto propietarios como inquilinos. Van a tener que pagar y correr con las generales de la ley”.
Los controles comenzaron en la segunda quincena de diciembre y para el caso de los alquileres en infracción, la multa será del 20% del impuesto más otro cargos. “La multa puede ser de hasta seis veces más de lo que pagarían legalmente de impuestos”, dice Alvaro Romano, subdirector de la DGI. El mayor riesgo para los popietarios, aclara el funcionario, es que si la DGI los registra como infractores, empieza a fiscalizarlos de por vida.