El secuestro de un preso en una comisaría derivó en un insólito motín de diez horas
Un detenido fue atado con un cable por compañeros del calabozo. Luego llamaron a su papá y le exigieron plata para no asesinarlo. Debió intervenir el Grupo Halcón.
Cayó detenido por robarle a su padre y lo “crucificaron”. Cuando Alfredo Enrique Arévalo (28) llegó a la comisaría 3° de Merlo, los otros presos lo tomaron de punto. El ensañamiento fue tal que lo ataron de las muñecas a las rejas del calabozo con cables de Direct TV. Así estuvo durante diez horas, en las que lo golpearon mientras extorsionaban a su papá, Ramón (68), para que les lleve dinero. Todo terminó en un motín que requirió la intervención del Grupo Halcón.
El violento episodio ocurrió entre las 23 del jueves y las 10.30 de ayer, cuando Arévalo fue trasladado desde la subcomisaría Matera, en Merlo, hasta la 3° por una causa por “robo agravado por uso de armas y otros”. Según dijo un investigador a Clarín, el joven le había robado a su propio padre, que tiene una ferretería en la zona. No está claro si ese fue el motivo por el que los otros presos comenzaron a maltratarlo, pero lo cierto es que Arévalo terminó atado a las rejas del calabozo y su padre comenzó a recibir llamadas con amenazas de que iban a matar a su hijo si no les llevaba 2.000 pesos. Ramón les dijo que no tenía plata.
“Yo se quién es usted, tiene un local comercial, repara motores y vende caños, consiga la plata ya, la trae porque está en juego la vida de su hijo”, le respondió uno de los extorsionadores, según informaron fuentes policiales a Télam. En uno de los llamados, los presos lo hicieron hablar a su hijo. “Pa, tenés que conseguir dos mil pesos acá para la ranchada de los pibes”, le remarcó Alfredo a su papá. Pero el hombre no dudó un segundo y fue a hacer la denuncia.
La Policía encontró a Arévalo atado a las rejas. Los presos se negaron a soltarlo y la situación se tornó aún más violenta. Y lo que comenzó como una extorsión, finalizó con un motín con reclamos por superpoblación y mala alimentación. Cerca de las 5 del ayer, la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N° 4 de Merlo, inició una negociación con los presos, que exigieron la presencia de sus familiares en el lugar. Pero el conflicto se extendió durante varias horas más.
“Todo fue porque la gorra había metido un preso que le había robado el celular a una mujer embarazada y le metió un tiro en la panza y estando embarazada. La gorra ensució la cancha”, dijo Fausto, uno de los detenidos en diálogo con C5N. También se dijo que Arévalo le había robado el celular a una familiar de uno de los presos y que por eso no lo querían. Pero según señalaron a Clarín distintas fuentes oficiales, ninguna de las dos versiones pudo comprobarse.
A las 10.30, cuando la situación en el calabozo no daba para más y la vida de Arévalo estaba en peligro, la fiscal ordenó la intervención del Grupo Halcón y los amotinados se entregaron. “Cuando lo vimos (a Arévalo), nos asustamos. Estaba medio muerto”, dijo a Clarín un agente que participó del operativo. “Tenía las manos todas ensangrentadas por las diez horas que estuvo atado y los golpes”, agregó. El herido fue trasladado al hospital Eva Perón, de Merlo, y anoche ya había sido dado de alta.
La Policía identificó a los amotinados como Ezequiel David Alderete, Leonardo Biondo, Germán Víctor Segovia, Joel Joshue Mendoza, Darío Maximiliano Casimiro, Sandro Ariel Brandan y Víctor Hugo Candia. Todos ellos quedaron imputados por “extorsión” y “privación ilegal de la libertad agravada por la violencia” y fueron trasladados a distintas cárceles de la Provincia, informaron fuentes del caso. En tanto, los otros 19 fueron alojados en la alcaidía de José C. Paz y está previsto que declaren en las próximas horas.
El caso puso otra vez en evidencia las malas condiciones de detención en las comisarías bonaerenses, donde hay más de 3.100 detenidos. Según informaron fuentes policiales, la comisaría 3° de Merlo tiene capacidad para 18 detenidos pero en el momento del motín había 26.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que según un registro de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, la seccional figura desde agosto y, al menos hasta el 12 de diciembre, como “clausurada por orden judicial”. Pero el Ministerio de Seguridad bonaerense desmintió esa versión y detalló que “no tiene antecedentes de clausura”.
Según pudo saber Clarín, el 13 de diciembre, la comisaría 3° fue visitada por tres fiscales de Merlo que mensualmente supervisan las condiciones de detención.
“Pa, tenés que conseguir dos mil pesos para la ranchada”, rogó el preso por teléfono.