Los límites de la libertad
La madrugada de Año Nuevo, grupos de vándalos quemaron en Francia 1.031 automóviles. 1.031. Quienes veían televisión no se enteraron. En la pantalla no apareció ningún auto incendiándose, y los noticieros no hicieron siquiera referencia al hecho.
Al día siguiente, ni Le Monde ni Le Figaro lo mencionaron en primera página, y ninguno de los dos publicó fotos de vehículos en llamas o ya destruidos.
El Ministro del Interior emitió, por su parte, un comunicado afirmando que las fiestas de fin de año habían “transcurrido serenamente”, aunque se había “constatado un cierto número de desórdenes”. Los “desórdenes” eran la quema de los 1.031 automóviles y la detención de 510 personas.
El ocultamiento de un hecho semejante obedece a un acuerdo de las autoridades con los grandes medios. El director del canal de noticias LCI, Jean-Claude Dassier, sostiene que la difusión de los atentados “apantallaría las llamas” de la violencia, estimulando la competencia entre bandas delictivas.
Hasta ahora, la estrategia no parece tener resultados. El número de autos quemados en Año Nuevo --un infeliz hábito que comenzó en los años 90 -- oscila en el millar desde hace años. La idea de suprimir la publicidad de ciertos actos se ha impuesto en varios países. En Gran Bretaña, la Secretaría de Defensa tiene la facultad de ordenar a los medios (a través de las llamadas D-notices) que, por razones de seguridad, se abstengan de publicar determinadas noticias sobre las fuerzas armadas o el servicio de inteligencia.
Durante la guerra de Malvinas, la única información que recibieron los británicos fue la provista por los comunicados oficiales. La censura o autocensura rige también en otros campos. Cuando un sospechoso es sometido al interrogatorio policial, la prensa británica dirá: “Un hombre está ayudando a la policía en sus investigaciones”.
Muchos critican este modo de proteger la seguridad nacional o prevenir el linchamiento mediático de un detenido.
Organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras o Freedom House hacen campañas contra los países que no garantizan una libertad de prensa ilimitada.
Cuando las restricciones tienen propósitos políticos o económicos, esas campañas resultan indiscutibles. Pero aun los más firmes defensores de la prensa libre aceptan que ciertas aberraciones no deben tener publicidad. Pocos defenderían, en nombre de la libertad de expresión, la incitación a una matanza religiosa o a la prostitución infantil.
El dilema es fijar el límite. ¿Dónde la protección del bien común se transforma en abuso del poder estatal? En cuanto a actos criminales, la competencia entre medios hace difícil que, como en el caso de los autos quemados en Francia, un pacto de autocensura sea observado por todos. Entre los delincuentes hay ambición de fama, y en ese mundo se hace famoso quien, por ejemplo, bate récords de muerte o protagoniza un asalto que conmueve a toda la sociedad.
A la vez, la curiosidad (y en algunos casos la morbosidad) del mercado convierte a la difusión de actos macabros o aciagos en un negocio editorial. La combinación de morbosidad pública y rentabilidad de los medios había formado un círculo vicioso en la Colombia de los años ‘70, cuando dí en Cali una conferencia, precisamente, so- bre libertad de prensa y responsabilidad social.
Conocí allí la historia del Mico Isaza: un cruento forajido a quien, años antes, había abatido la policía. La fotografía del cadáver ametrallado, publicada en primera página, hizo que un diario batiera el récord de ventas en Colombia. Al mismo tiempo, convirtió al forajido en héroe.
El Mico había robado y asesinado sin piedad, pero el día que mató a un conocido industrial, alcanzó gran fama, y allí se inició su “canonización” popular. Su muerte fue, para muchos co- lombianos, el asesinato de un Robin Hood, cometido por los poderosos. La tumba del Mico Isaza, en el cementerio de Cúcuta, es hoy un lugar de peregrinación. Como el “santuario” de la Difunta Correa, atrae la devoción y superstición masivas. Se va al sepulcro del criminal Mico a pedir la cura de un hijo desahuciado o a poner una placa de agradecimiento por un supuesto milagro.
Esta es, si se quiere, una consecuencia inofensiva de esa combinación de morbosidad, fama y negocio editorial, que en otros casos puede ser funesta. Pero no se puede dejar que sean los gobiernos los que pongan límites a la libertad de prensa. Los editores de un país (o tantos de ellos como se posible) pueden sancionar, junto con las asociaciones de periodistas, un Código de Ética para impedir que crimen y prensa formen un círculo vicioso. Organizaciones no gubernamentales pueden ser invitadas a participar de esa regulación. Sin embargo, hoy gran parte de esos esfuerzos podría ser inútil si no se lograra neutralizar, a la vez, una nueva forma de difundir odio racial, inspirar el terrorismo religioso, exaltar el femicidio.
La disyuntiva no es hoy libertad de prensa vs. responsabilidad de los editores. Internet nos pone a resolver el conflicto entre la libertad de expresión y la responsabilidad de seres anónimos. Las redes sociales permiten que alguien clame por otro Hitler o exhiba fotos de una niña violada.
La censura de aquello que circula por Internet es técnicamente muy difícil, y es peligroso que el control quede en manos de los gobiernos. Las normas deberían ser fijadas por ley y la aplicación quedar a cargo de órganos autónomos, en los cuales estuvieran representados distintos sectores de la sociedad. Las libertades tienen límites. La cuestión es decidir quiénes los fijan. ■