La corrupción frena el progreso
Es posiblemente peor negar la evidencia de la corrupción que los mismos actos corruptos que se producen en todas las sociedades y en todos los tiempos. Cuando no se aceptan las consecuencias de haber cometido delitos que vulneran los intereses comunes, una sociedad se acostumbra a vivir en el engaño. La diferencia entre las democracias y las dictaduras es que en las primeras se practica la rendición de cuentas, la accountability como denominan en inglés a la responsabilidad que cada uno asume de sus actos, mientras que en los sistemas sin libertades una capa de silencio cubre las conductas reprobables de las clases dirigentes y sus respectivas ramificaciones.
Se ha criticado siempre la lentitud de la justicia. Montesquieu dejó escrito que “justicia retrasada es justicia denegada”. Pero la experiencia reciente demuestra que la justicia en España respecto a los casos de corrupción ha podido ser lenta, pero no se ha detenido. Y llega un día en que se dictan las sentencias después de que la opinión pública conozca casi todos los pormenores de los casos por haber sido publicados y filtrados a los medios de to- das las maneras posibles.La corrupción no se resuelve sólo por la vía penal sino que deja huellas que cuesta borrar. La corrupción frena el progreso, es injusta, afecta negativamente a la libertad, fomenta el engaño, la trampa y se burla de los ciudadanos, que son los más perjudicados, por lo que se puede calificar como un delito social grave.
El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy ha empezado el año con la reanudación de viejos casos de corrupción que, como las tormentas tropicales, reciben un nombre para distinguirlos de los demás. El PP no ha podido librarse de los casos Bárcenas, Gürtel, Púnica, Lezo, Canal de Isabel II, como los más emblemáticos de corrupción de grandes proporciones. En la Operación Púnica, por ejemplo, la Guardia Civil detuvo en octubre del 2014 a 51 políticos, concejales, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de comisiones ilegales. Escándalo tras escándalo persigue al PP en los juzgados. El caso ERE ha sentado en el banquillo a dos ex-presidentes de la Junta de Andalucía, así como seis exc-onsejeros socia- listas y otros altos cargos por haber diseñado y distribuido irregularmente un fondo de 855 millones para empresas en crisis desde el 2001 hasta el 2010.
La justicia ha operado tarde, pero ha actuado. Con las imperfecciones que puede cometer cualquier funcionario de la magistratura o cualquier otro ciudadano. Y es muy bueno que así sea. Pero me temo que los casos que están transitando por los tribunales erradiquen o disminuyan las prácticas corruptas.
Un país que quiera progresar tiene que combatir la corrupción como la peor de las plagas que minan la convivencia cívica. La democracia no es una ideología sino un mecanismo para formar gobiernos y para echarlos según su comportamiento. Es un método para tomar decisiones políticas y para reconciliar a través del debate y la conciliación los conflictos de intereses que se plantean en toda sociedad. Las crisis son propias de las democracias, ese mecanismo que es sujeto de constante rediseño y cambio. Ninguna acción humana es inocua. Los casos de corrupción no pueden saldarse con la indiferencia del irresponsable. ■