El ala dialoguista de la CGT negocia con el Gobierno por más recursos
Avanzan en un futuro decreto que distribuirá más fondos para las obras sociales sindicales.
Mientras se siguen bajando gremios de la marcha de Camioneros del 21 de febrero contra el Gobierno, el sector más dialoguista -es decir “Gordos” e “Independientes”- avanza con el Ejecutivo en una negociación por los números en rojo de las obras sociales sindicales. De acuerdo con las fuentes consultadas, algunos de los reclamos serían atendidos a través de un futuro decreto simple, que podría conocerse entre esta semana y la próxima, es decir antes de la protesta del sindicalismo opositor.
El jueves pasado, a posteriori de la reunión de los “Gordos” e “Independientes” en la que ratificaron que no se sumarán a la marcha del miércoles 21, los dirigentes sindicales recibieron en Sanidad a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y al de Salud, Adolfo Rubinstein. También estuvo Sandro Taricco, el superintendente de Servicios de Salud.
De haberse mantenido la concordia con el jefe camionero, sin duda que allí habría estado sentado también el moyanismo.
Los funcionarios se llevaron una serie de reclamos. Por lo que supo este diario, los funcionarios ya esbozaron un borrador aunque habrá una reunión técnica mañana para después volverse a juntar todos.
Según reconstruyó Clarín, los sindicalistas pidieron extender el pago del monotributista a su familia. Hoy las obras sociales reciben 500 pesos por cada titular y quieren que se adicione otro valor fijo o bien un porcentual por cónyuge e hijos.
“Queremos continuidad en el pago porque el monotributista asocia a su mujer cuando está enferma, usa la obra social y una vez curada deja de pagar”, se quejaron. Además también les interesa que sea progresivo el pago que hacen: hoy les llegan esos 500 pesos más allá de que el monotributista facture $ 5.000 o $ 70.000 por mes.
Otro reclamo que se llevaronlos funcionarios es que se ajuste lo que ingresa a las obras sociales por jubilados: son unas 370.000 personas por los que se giran apenas 192 pesos mensuales. Un dato que viene de siempre: cada jubilado aporta al Pami sí o sí más allá de que no se atienda y por ahora no hay intenciones de modificar este régimen para redireccionar parte de estos fondos a las obras sociales, aseguran fuentes gubernamentales.
Finalmente, pidieron que los intereses trimestrales de los bonos Bonar 2020 que se encuentran en una cuenta a nombre de la Superintendencia de Servicios de Salud se distribuyan entre las obras sociales para afrontar tratamientos de alta complejidad y subsidios de discapacidad. Hasta ahora, esos intereses capitalizan el Fondo de Redistribución Solidaria.
Ni bien asumió Mauricio Macri anunció la devolución de 30.000 millones de pesos que los gremios reclamaban y que el kirchnerismo había retenido durante una década como forma de “disciplinamiento” sindical. De ese dinero, unos $ 14.000 millones se colocaron en estos bonos y dan ese interés trimestral.
Una de las obras sociales que tiene sus cuentas en rojo es la de la Unión Obrera Metalúrgica (su obra social es gerenciada por Forjar Salud, del grupo Olmos).
Además de los problemas comunes a prácticamente todas las obras socia- les y de la falta de aportes por parte de algunas empresas, en la UOM aseguraron a este diario que mensualmente responden a amparos judiciales de afiliados que exigen medicaciones fuera del Plan Médico Obligatorio por hasta 10 millones de pesos.
La cuestión de los amparos judiciales parece ser la espada de damocles. para las obras sociales sindicales.
Un dirigente sindical referente en temas de salud explicó un caso que se viene repitiendo y que genera fuertes coestos a las obras sociales.
“Existe la droga Nusinersen que sirve para estabilizar y no curar la atrofia muscular espinal. Desde que se aprobó en Estados Unidos la piden acá y el tratamiento cuesta 750.000 dólares; algo que puede hacer quebrar cualquier obra social”.
Es por eso que en juntada del jueves en el sindicato de Sanidad también se habló de la hasta ahora freezada ley de reforma laboral.
Es que en su articulado se incluye la creación de la Agencia del Tecnologías de la Salud, un ente que emitirá dictamen sobre drogas a utilizar como camino previo a un amparo en los que la Justicia falla en casi el 100% a favor del paciente.
Los sindicalistas piden fondos para tratamientos de alta complejidad.