Otra vez Oil deja de pagarle a la AFIP el impuesto al combustible
La empresa que ahora administra OP Investment sumó $ 860 millones a la deuda que ya tenía López.
La falta del pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), no sólo representó una deuda de $ 8.000 millones con la AFIP, sino que le valió a Cristóbal López y a su socio, Fabián De Sousa, un procesamiento por defraudación al Estado y la prisión preventiva. Con el Grupo Indalo bajo la administración de OP Investiment, propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, Oil Combustibles SA (OCSA) generadora de la millonaria deuda, ya adeuda $ 860 millones correspondientes a dicho impuesto. El informe sobre estos números podría complicar la venta del holding como pretenden el empresario K.
Bajo la administración de Alberto Abad frente a la AFIP, Cristóbal López no contó con más períodos de gracia, ni facilidades para planes de pago. Desde diciembre de 2015 no tuvo margen para maniobrar ni financiarse con el ITC como hizo durante los últimos años del gobierno de Cris- tina Kirchner. Según los números oficiales a los que accedió Clarín, a agosto de 2017 pagó 24 veces más que con la gestión anterior el Impuesto: en 2016 pagó 3.150 millones de pesos, y en lo que va de 2017 ya lleva pagados 2.140 millones, contra los 128 millones que sólo abonó en 2015.
Sin embargo, con sus dueños presos y bajo la administración de OP - que busca adquirir la totalidad de las acciones del Grupo Indalo-, Oil Combustibles volvió a generar deudas con el fisco por $ 860 millones, según pudo constatar este medio. No es la primera vez que ocurre, ya habían sido intimados el año pasado por retrasarse en el pago del ITC y generando una deuda de $ 250 millo- nes. La cifra se incrementó con el correr de los meses.
Al mantener la empresa una conducta similar a la que llevó a sus dueños a terminar procesados por defraudación, la deuda se informó a la Justicia y podría ser contemplada entre la documentación que los veedores informantes presentarán esta semana ante el juez Julián Ercolini (quien procesó a López y a De Sousa), para pronunciarse sobre la venta del Grupo. En primer lugar, al igual que el fiscal Gerardo Pollicita, plantearían el rechazo a la venta de las 170 firmas que constituyen el holding.
La semana pasada la AFIP, como contó Clarín, se opuso a dicha ope- ración, objetando -entre otros aspectos-, la falta de transparencia en los números y verdadero motivos para la venta. El principal riesgo para el ente recaudador es que se ponga en riesgo la garantía de pago de la millonaria deuda que entre punitorios e intereses ya asciende, según los cálculos oficiales, a $ 17.042.509.692.
En medio de esta discusión, OP Investment ve como una posibilidad de avanzar en la capitalización del grupo y el saneamiento de sus cuentas, la reapertura del concurso preventivo de Oil Combustibles -por orden de la Sala D de la Cámara Comercial- y que quedó a cargo del juez en lo comercial Javier Consentino. En dicha instancia, buscarán incluir las deudas de la petrolera con la AFIP, entre ellas los $ 860 millones que se debe del ITC.
Consultados por Clarín sobre la falta de pago del impuesto a los combustibles, desde el fondo de inver- sión señalaron que desde octubre a la fecha “se ha tratado con mucho esfuerzo a pesar de las dificultades, de levantar empresas endeudadas. La intención es pagar todas las deudas y eso incluye a la AFIP pero cuanto más se retrase la salida judicial más complicada es la situación”.
El año pasado el organismo que conduce Alberto Abad, le negó el ingreso al Grupo Indalo al plan de facilidades de pago conocido como “Plan Puente”, que permite a todos los contribuyentes regularizar las deudas hasta en 24 cuotas en el marco de la resolución 4099, "por un monto total superior a los 10 millones de pesos". El argumento principal, era la situación judicial de las empresas investigadas por apropiación indebida de aportes y retenciones.
En la actualidad las 170 empresas de Indalo se encuentran inhibidas por el juez Ercolini. Hasta el 26 de diciembre de 2017 sólo 75 sociedades eran alcanzadas por la medida cautelar, pero días después de la detención del empresario K y su socio, el magistrado extendió la inhibición a todas las firmas. ■
Los veedores judiciales plantearán un rechazo a la venta de las empresas de Cristóbal López.