Crímenes contra la argumentación

Ezequiel Spector Profesor y director de la carrera de Abogacía de la Universidad T. Di Tella

Han transcurrido más de dos décadas desde que se publicó el libro La constitución de la democracia deliberativa, escrito por el jurista argentino Carlos Nino. En aquella obra, Nino contribuye a sentar las bases teóricas de una cierta forma de ver la democracia, de acuerdo con la cual la práctica del debate y la argumentación ocupan un lugar central en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Según esta concepción, una decisión de ese tipo gana legitimidad cuando surge de una deliberación robusta, en la que todos los afectados por ella hayan debatido racionalmente. Por supuesto, este escenario debe visualizarse como un ideal regulativo: aunque semejante deliberación sea imposible en la práctica, puede funcionar como un estándar para evaluar la calidad de nuestra democracia.

Es claro, entonces, que los debates en el Congreso, en los medios de comunicación, en las universidades y en cualquier otro ámbito propicio contribuyen enormemente a la vida política. Sin embargo, también pueden reflejar muchos de nuestros defectos como ciudadanos; por ejemplo, nuestros prejuicios, nuestra deshonestidad intelectual o la falta de capaci- dad para fundamentar lo que decimos.

En este sentido, si observamos las democracias actuales, el nivel de argumentación deja mucho que desear. Políticos, periodistas, académicos, líderes religiosos e incluso artistas expresan constantemente sus opiniones, pero con errores lógicos que suelen pasar desapercibidos. Las falacias lógicas son comunes en prácticamente todas las democracias actuales. Es claro que Argentina no es la excepción.

Aunque son muchas las falacias que están impregnadas en nuestra cultura política, aquí advierto sobre una de ellas, tal vez la más común: la “falacia contra la persona” (también conocida por su nombre en latín: ad hominem). Básicamente, consiste en quitarle valor a lo que dice el interlocutor, pero no criticando sus opiniones, sino atacando a su persona; por ejemplo, apelando a su personalidad, a su pasado, a su situación legal, a su condición social o a cualquier otra característica supuestamente negativa. El engaño radica en que las características de una persona no dicen nada sobre si lo que está diciendo es correcto o no (a menos que sea una forma grave de mitomanía). Es perfectamente posible que alguien que nos inspire rechazo esté diciendo la ver- dad. Sólo lo sabremos evaluando el contenido de lo que dice. Desacreditar su persona es retóricamente efectivo, pero lógicamente tramposo. Las opiniones y argumentos tienen estructuras propias que deben ser evaluadas por sus propios méritos. Quién las utilice es anecdótico.

Ejemplos de esta falacia hay por doquier en el debate público. Un fiscal que investiga a funcionarios aparece misteriosamente muerto, y voceros de ese gobierno, así como algunos medios, discuten más sobre las características personales del fiscal que sobre los argumentos en los que fundó sus denuncias. Empieza una campaña electoral, y, en lugar de discutir propuestas, se filtran videos de algunos candidatos en situaciones comprometidas para desacreditarlos. Un periodista critica a un gobierno, e inmediatamente se le pregunta quién le paga para decir eso, o se busca en su pasado alguna mancha para desviar el debate. Y un largo etcétera.

Identificar y revelar éste y otros engaños es esencial para formar una cultura política más saludable y, en definitiva, para que sean los mejores argumentos y las mejores propuestas las que triunfen. ■