Peña condiciona la salida de Díaz Gilligan a que aparezcan pruebas
El Subsecretario General de la Presidencia bajo la lupa
El Jefe de Gabinete dijo que si la Justicia o la Oficina Anticorrupción se pronuncian desfavorablemente, el funcionario tendrá que dejar su car- go. Y agregó: “No habrá protección para nadie”. Gilligan es el segundo de Fernando De Andreis, pariente político de Macri, y figura como propietario de una empresa con una cuenta -no declarada- de US$ 1,2 millón en Andorra.Hoy se presentará ante la OA, que ya le abrió un expediente.
Un apartamiento temporario como alternativa para descomprimir, no ahora sino en el caso de que pronunciamientos de la Oficina Anticorrupción o la Justicia comprometan más a Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario general de la Presidencia que fi- guró como propietario de Line Action Ltd, una empresa radicada en Londres con 1,2 millones de dólares en una cuenta en Andorra. Marcos Peña lo mencionó ayer como una posibilidad, aunque defendió al funcionario y diferenció su caso del de Juan José Gómez Centurión, el ex titular de la Aduana que dejó su cargo mientras fue investigado.
Díaz Gilligan admitió no haber declarado la sociedad -dedicada a las transferencias de futbolistas- cuando asumió en 2013 como funcionario porteño, ni ante el Gobierno de la Ciudad ni ante la AFIP. El subsecretario se presentará hoy ante la Oficina Anticorrupción, que abrió un expediente y le envió el viernes un correo para pedirle aclaraciones, luego de la revelación del diario español El País. Por lo que averiguó Clarín no será para entregar información -tiene diez días hábiles de plazo- sino para “ponerse a disposición” y asegurar que remitirá “toda la documentación” para que el organismo dirigido por Laura Alonso analice el caso.
“Es un caso previo a su paso por la función pública. No estamos hablando de corrupción, como ocurría antes. Es si hay omisión o no en una declaración jurada. Hoy hay una Oficina Anticorrupción que investiga en tiempo real a los funcionarios, cosa que no ocurría”, buscó Peña diferenciar la etapa actual del kirchnerismo. “No habrá protección para nadie, si alguien hizo algo mal tendrá que responder ante la Justicia”, dijo el jefe de Gabinete a radio Mitre, y respaldó a Díaz Gilligan: “Es una muy buena persona, un muy buen funcionario. Como dijo el Presidente, a priori confiamos en nuestra gente”.
Consultado sobre la posibilidad de un apartamiento, algo que sucedió con Gómez Centurión y no con Díaz Gilligan ni Luis Caputo -ministro de Finanzas- por sus vínculos con sociedades offshore no declaradas, Peña argumentó que de acuerdo a la mirada del Gobierno se trata de casos diferentes: “La denuncia a Gómez Centurión tenía que ver con algo que ocurría mientras él estaba a cargo de la Aduana. En estos casos son denuncias específicas vinculadas a declaraciones juradas”. Y al final accedió: “Tenemos que dejar trabajar a la Oficina Anticorrupción y a la Justicia. No tendríamos problemas en caso de alguna cuestión vinculada con la función actual poder hacer un apartamiento temporario. Acá hay un compromiso claro con la integridad, la honestidad, la transparencia”. El radical Mario Negri pidió anoche por Twitter su apartamiento: “Debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder”.
El trámite en la OA llevará meses. Más allá de la presentación del subsecretario, el organismo pedirá documentación a la Unidad de Información Financiera para saber si existieron Reportes de Operaciones Sospechosas, al Reino Unido -país en el que está radicada la sociedad-, a la Banca Privada d'Andorra y al Gobierno de la Ciudad para determinar si debía consignarlo en las declaraciones juradas. La Oficina no se pronunciará sobre su continuidad, en tanto se trata de un funcionario político.
A su vez, funcionarios del Gobierno descontaron que será investigado en la Justicia. De acuerdo con la normativa del Impuesto a los Bienes Personales, el tributo comprende “los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o parti-
cipaciones sociales, incluidas las empresas unipersonales, y otros títulos valores representativos del capital social o equivalente de entidades constituidas o ubicadas en el exterior”.
“Vamos a presentar los papeles para demostrar que no hubo ocultamiento. Mantenemos el compromiso de transparencia”, dijo anoche Díaz Gilligan a Clarín. En la Casa Rosada causó malestar su primera versión:
que le había prestado el nombre al empresario uruguayo Francisco Ca
sal. Luego admitió haber sido accionista de la empresa sin declararla.