El empleo público, un límite para que las provincias bajen el gasto
Desequilibrio. La ley de Responsabilidad Fiscal busca que el gasto provincial crezca como máximo igual que la inflación, es decir que no suba en términos reales.
Este 2018 es el primer año de implementación de reformas fiscales relevantes aprobadas por el Congreso Nacional a fines de 2017. En efecto, está arrancando parte de las reformas tributarias nacional y provincial y parte del denominado Consenso Fiscal.
La posibilidad de llevar adelante estas reformas depende esencialmente de una baja gradual del peso del gasto público provincial. En la medida que el gasto en relación al PBI vaya descendiendo, se irá generando el espacio fiscal genuino para financiar los cambios. Las provincias tienen que financiar tanto la baja de presión tributaria provincial como una parte de la disminución de la presión tributaria nacional vía una disminución de los fondos que reciben a través de la coparticipación federal.
Y, paralelamente, ir eliminando el desequilibrio fiscal actualmente existente. En la actualidad, el déficit fiscal provincial es del orden del 1% del PBI. Sin intereses de deuda, el déficit primario se ubica en el 0,4% del PBI.
De no bajar el peso del gasto público provincial, la alternativa que queda es financiar las reformas a través de un mayor endeudamiento, situación que disminuye la probabilidad que los cambios se lleven adelante en la magnitud y tiempos originalmente previstos. Para que el peso del gasto baje, resulta clave el cumplimiento de la recientemente sancionada ley de responsabilidad fiscal. Esta es una nueva institución fiscal también aprobada por el Congreso de la Nación en diciembre del año pasado.
Entre otros aspectos, la Ley de Res- ponsabilidad Fiscal limita el crecimiento de la planta de personal de las administraciones provinciales al crecimiento poblacional y el incremento del gasto corriente a la inflación. Esencialmente, se busca que el gasto público crezca como máximo igual que la inflación, es decir que no crezca en términos reales.
Es importante ponerle números a la posible baja del peso del gasto público provincial. Considerando una inflación acorde a las expectativas de mercado, un crecimiento sostenido del PBI del 3% promedio anual y un gasto creciendo igual que la inflación, de proyecciones realizadas por IARAF surge que el ratio Gasto/PBI del conjunto de provincias podría reducirse hasta 3,4 puntos porcentuales al cabo de 5 años.
En base a estas proyecciones, puede afirmarse que de cumplirse con una pauta de gasto en línea con la responsabilidad fiscal, las provincias podrían concretar la reforma tributaria propia y financiar la parte que les corresponde de la reforma tributaria nacional.
Para que baje el peso del gasto, resultará clave el comportamiento del gasto en personal. En efecto, éste representa aproximadamente la mitad del gasto total provincial y tiene la característica de ser inflexible a una baja nominal.
La ley de Responsabilidad Fiscal establece una regla específica sobre el empleo público de las jurisdicciones: no se puede incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.
Teniendo en cuenta los datos de planta ocupada presentados al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) al 31/12/2016, puede calcularse el indicador de empleados públicos cada 1.000 habitantes.
En promedio, las 23 provincias y CABA tuvieron 50 empleados cada 1.000 habitantes en el año 2016. En un extremo se ubicó la provincia de Tierra del Fuego con 118 empleados. En el otro extremo se situó Córdoba, con 35 empleados cada 1.000 habitantes.
A diferencia de los últimos años, de ahora en más el ratio no debería crecer, lo que generaría un límite significativo al crecimiento del empleo público. Por ende, es vital generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad privada y por esa vía del crecimiento del empleo privado formal. ■
En promedio, las 23 provincias y CABA tuvieron 50 empleados cada 1.000 habitantes.