Una decisión judicial que viola los principios de Internet libre
Un tribunal local de la Ciudad de Buenos Aires bloquea una aplicación como Uber en todo el país. Otro tribunal persigue penalmente a personas – un obrero, un desocupado, una empleada en una fábrica – que tratan de complementar sus ingresos manejando unas horas al día. Al proceder así, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires utiliza la cara más agresiva del derecho para castigar la innovación y la creatividad en Internet, y además, actúa fuera de su jurisdicción y viola el derecho internacional de los derechos humanos.
En primer lugar, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no tiene competencia para ordenar el bloqueo de un sitio de Internet a nivel nacional. Este punto básico no requiere discusión alguna pues ya está sentado por la jurisprudencia –incluso de la Corte– que la materia es federal y, por tanto, no corresponde a los jueces locales.
En segundo lugar, la decisión va en contra del marco de derechos humanos en Internet. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que Internet sirve de plataforma para la concreción de derechos humanos como la libertad de expresión, pero también de otros como el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, contenido en el artículo 14 del Protocolo de San Salvador, de jerarquía constitucional en Argentina.
Como consecuencia, explica la Comisión, el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema, análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión. Y además sólo podría estar justificada conforme a estándares internacionales. Esto es cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual, en casos de pornografía infantil o incitación al genocidio.
Incluso el Relator de Libertad de Expresión ya ha manifestado que el bloqueo dictado por los jueces en el caso de Uber en la Ciudad de Buenos Aires resulta desproporcionado. Vale la pena citar su respuesta en una entrevista: “¿Cuál es el sentido de bajar una aplicación de transporte si no es ilegal el contenido que transmite? Lo mismo sucede con las aplicaciones de pizza, por ejemplo. O Netflix, y todas las aplicaciones que ofrecen un contenido o servicio. Si ese servicio no es pornografía infantil o no contiene apología del odio o de la guerra, ordenar bajarlo sería una solución desproporcionada. Si hoy bajamos una aplicación, mañana podemos bajar otras. Y rompemos el principio de no censura y de proporcionalidad”.
Es que más allá del caso de Uber, las consecuencias futuras de la decisión son muy graves. ¿Podemos imaginar lo nocivo que es para la libertad en Internet que los aproximadamente 5.000 jueces locales del país (sin contar los jueces contravencionales y de faltas) puedan bloquear contenidos o aplicaciones en todo el territorio nacional? Más aún, si no tienen competencia territorial, ¿qué les impediría bloquear a nivel mundial? Los efectos sistémicos sobre una Internet descentralizada, libre y neutral serían devastadores.
En el caso particular, al bloqueo debe sumársele un hecho grave. Las declaraciones de algunos miembros del ministerio público, en redes sociales y en los medios, son tomadas como carta blanca por grupos de personas que amenazan de muerte, agreden físicamente y disparan a conductores de Uber. Las condenas por uso lucrativo del espacio público -una figura contravencional ambigua- terminan de cerrar el círculo persecutorio.
Los nuevos escenarios de la libertad de expresión y el desarrollo humano son foros que hasta hace unos años eran inexistentes. Las redes sociales, los sitios de noticias online, las compañías de servicios basadas en Internet, los sistemas de gobierno abierto: todos son escenarios distintos en los que los principios generales de la libertad de expresión y los principios estructurales de una Internet libre deben ser aplicados a situaciones novedosas.
Un bloqueo de este tipo sienta un nefasto precedente para la protección de los derechos online. Internet fue diseñado para ser un espacio libre, pero este tipo de decisiones judiciales atrasan hacia los tiempos de censuras y censores. ■