Una víctima de la impunidad demanda al Estado por una suma de 11 millones de pesos
Es el padre de Paulina Lebbos, asesinada en 2006 a los 23 años. La acción civil es contra el Ejecutivo tucumano y está sujeta a la eventual condena de los imputados.
“A Paulina la mataron diez millones de veces. Primero cuando le hicieron lo que le hicieron, y después por todas las cosas que han dicho de ella”, sentencia Alberto Lebbos, el papá de la joven asesinada en Tucumán en febrero de 2006, mientras espera declarar como testigo esta semana.
A pocos días de que se cumplan 12 años de la desaparición y el femicidio de la joven, por primera vez juzgan a Roberto Luis Gómez como “coautor del homicidio”, al ex secretario de seguridad del gobierno de Jo- sé Alperovich y a cuatro policías, acusados de encubrir el crimen.
Pero mientras se desarrolla el juicio, hay una demanda civil en curso contra los seis imputados y el Gobierno de la provincia de Tucumán: la familia Lebbos pide $ 11.173.680 como “resarcimiento” por la muerte de la joven y más de una década de impunidad.
El proceso penal (por el homicidio y el encubrimiento) y la acción civil (por el resarcimiento económico, son independientes). Pero la querella decidió que se desarrollen al mismo tiempo, en el mismo juicio.
La demanda está “atada” a la even- tual condena de los imputados y será el mismo tribunal el que deba resolver las dos cuestiones.
El 26 de febrero de 2006, cuando Paulina Lebbos desapareció, tenía 23 años y una hija de cinco. Estaba en tercer año de la carrera de Comunicación y trabajaba en una biblioteca. Esa nena cumplió 17 años el 6 de febrero, el mismo día que arrancó el juicio, y vive con su abuelo, Alberto Lebbos (63), en Alderetes, a 10 kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán.
“Yo tengo la patria potestad de mi nieta. El padre la reconoció cinco días después de que apareciera el cuerpo de Paulina, pero nunca se hizo cargo de ella. Con los años hicimos todos los trámites y yo soy el tutor legal de mi nieta. Como tal, estoy obligado a velar por sus derechos tutelares. No puedo no hacer la demanda civil. Podría hacerlo también por mí, por los daños causados, pero decidimos hacerlo solo por Victoria”, explica Alberto a Clarín. Y detalla: “El cálculo que hacen los abogados es por un salario mínimo vital y móvil estimado a los años de trabajo que podría haber tenido mi hija si no la hubieran matado. Es el mínimo establecido y es un derecho que asiste a la víctima. Lo que nos hicieron a nosotros es impagable, a mí no me interesa la plata, pero es lo que corresponde”.
En caso de ser condenado, Roberto Luis Gómez, además de ir preso, debería responder (también) económicamente por ser coautor responsable de la “privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio”. Es el único de los acusados que llegó a juicio imputado por ese delito, que no es entendido por la Justicia como “femicidio” porque al momento del hecho no estaba incorporado ese agravante en el Código Penal.
Lo mismo sucedería con el ex secretario de Seguridad de la Gobernación Luis Eduardo Di Lella; los policías Hugo Sánchez, Luis Nicolás Barrera y Héctor Rubén Brito; y el ex policía Hugo Waldino Rodríguez; como autores de los delitos de “encubrimiento real agravado, abuso de autoridad y falsificación ideológica de ins-
trumento público”.
Además de responder en “forma particular”, el Estado tucumano también debe asumir responsabilidades en la demanda civil por estar involucrados funcionarios del poder Ejecutivo y de la Policía provincial.
El Tribunal de la Sala III de San Miguel de Tucumán, integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, deberá resolver la cuestión penal y condenar o absolver a los acusados. También, al momento de la sentencia, definir la demanda ci
vil (cuánto y cómo deberían pagar cada una de las partes implicadas).
Los $ 11.173.680 millones de indemnización corresponden a la suma de $ 975.240 por el “daño emergente”, $ 3.636.360 de “lucro cesante”, $ 975.240 “pérdida de chance” y $ 5.586.840 de “daño moral”. Aunque dependerá también de la sentencia penal y si se declaran culpables a los acusados.
En el juicio, que empezó hace dos semanas, participan Lidia Inés Avellaneda, defensora de menores, en representación de Victoria Lebbos; dos abogados de la Gobernación de Tucumán por la demanda civil; y un abogado de la querella, también por la parte civil. ■