La mesa chica le soltó la mano al comprobar los costos de sostenerlo
Viraje. Marcos Peña defendió a Díaz Gilligan el fin de semana. Pero ayer analizó junto a De Andreis, jefe del funcionario acusado, que la situación era desgastante.
“Un ensañamiento que le estaba haciendo daño al Presidente”. Un funcionario de la mesa chica de Mauricio Macri que participó de las reuniones para discutir la situación de Valentín Díaz Gilligan insistió con esos términos, “ensañamiento” y “daño”, al confirmar a Clarín la renuncia del subsecretario, al caer la tarde. La repercusión por la revelación de la empresa radicada en Londres con una cuenta con 1,2 millones de dólares no declarados en Andorra se había potenciado por el reclamo de los aliados radicales y de la Coalición Cívica, la apertura de una causa judicial por la denuncia del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y una suerte de debate interno en el propio Gobierno. La renuncia apareció como la salida más conveniente en un verano con caída de la imagen del Presidente y en otra semana caliente en la disputa con el sindicalismo, con la marcha convocada por Hugo Moyano.
“El contexto no lo ayudó, hay que cuidar la imagen de Mauricio”, dejaba como conclusión otro de los que había participado de las cumbres para avanzar en el desplazamiento. El contexto del que hablaba tenía dos partes, por un lado la serie que provocó el tobogán en la imagen de Macri con la reforma previsional, el escándalo con la empleada doméstica familiar de Jorge Triaca -ministro de Trabajo- y los vínculos de Luis Capu- to -Finanzas- con sociedades off shore; y a la vez el escenario de ruido creciente por el caso puntual a partir de la revelación del diario español El País. Marcos Peña -jefe de Gabinete-, Fernando De Andreis -secretario General de la Presidencia-, jefe directo de Díaz Gilligan, y otros funcionarios analizaron el “daño” creciente y otra vez directo a la figura de Macri.
Peña lo había respaldado un día antes públicamente: no descartaba un apartamiento temporario, aunque diferenciaba su situación con la de Juan José Gómez Centurión, el ex jefe de la Aduana que había dejado su cargo por un tiempo. Para Díaz Gilligan,l el alejamiento terminó siendo definitivo, aunque los altos funcionarios que lo sostenían se resistían anoche a darle un adiós terminante: “Se tomará un tiempo para explicarlo y después volverá, si tiene ganas”.
El argumento de Peña a favor del subsecretario, que en la cuenta en Andorra no había fondos públicos, fue repetido ayer en la Casa Rosada. Aun así predominó la percepción de que para el Gobierno sería complicado dar esa discusión con un resultado favorable y hubo críticas a las explicaciones de Díaz Gilligan: primero dijo que le había prestado el nombre al empresario uruguayo Francisco Casal y luego admitió que no había declarado el dinero y las acciones en la empresa. La Oficina Anticorrupción inició de inmediato un expediente y le exigió explicaciones. Y Rogelio Frigerio, ministro del Interior, salió con declaraciones fuertes: “Si ocurrió un hecho que la Justicia o la Oficina Anticorrupción entiende que no se corresponde con lo que tiene que hacer un funcionario público, va a tener que dar un paso al costado”. La presión de los socios hizo su parte, aunque no fue decisiva según funcionarios que participaron en la mesa de la decisión: “Si salía Lilita o Cornejo, todavía. No fue eso”. Pero se acumulaba el ruido de propios y ajenos.
Otra vez el contexto, el caso a su vez tomó repercusión en la previa a la marcha en la Avenida 9 de Julio, otro hito en la disputa de la Casa Rosada con Moyano apoyado por sectores vinculados al kirchnerismo. Si el conflicto de Triaca con la empleada familiar había surgido antes de discutir reformas laborales, con el camionero acorralado por presunto lavado de dinero apareció la cuenta sin declarar de un funcionario en Andorra. Ensañamiento autoinflingido. ■
En la Rosada no había posición única. Frigerio sumó presión a la que ejercieron los aliados.