La Provincia irá contra los préstamos que realizan las mutuales sindicales
Creen que es “una caja” sin control que manejan los gremios. Entre ellos el Suteba, que conduce Baradel.
En medio del conflicto entre gobierno y docentes por la pauta salarial, que provocó las primeras 48 horas de huelga, María Eugenia Vidal evalúa una ofensiva política para colocar en la mira administrativa y judicial los mecanismos de financiamiento de los gremios bonaerenses que incluyen a los representantes de maestros y auxiliares de colegios.
Es en simultáneo con la investigación del ministerio de Economía y el de Trabajo para determinar cómo se otorgan las licencias gremiales en la Provincia. En estos momentos, la gobernadora intenta revelar el esquema de préstamos que realizan las mutuales sindicales, denominados códigos de descuento e incorporados al recibo de sueldo de los empleados de la administración pública.
El gobierno insinúa que es una caja sindical adicional, moviendo millones sin control. Muchas de estas cooperativas, según las autoridades, están ligadas con el Suteba que conduce Roberto Baradel, el blanco predilecto de Vidal y sus funcionarios. Es un ducto sospechoso, siempre con la especulación oficial.
Los códigos de descuentos son créditos que las mutuales sindicales dan a sus afiliados. En este sistema habilitado desde hace años, el gobierno provincial habría descubierto que los costos financieros están por arriba del 90% ( hasta cuatro veces más alto que un banco). De acuerdo con la presunción oficial, 500 de esas mutuales tendrían conexión con Suteba, actor principal del Frente Gremial Docente que discute el aumento salarial en la paritaria docente.
La estrategia está precedida de un anuncio : la propia Vidal anticipó en la Asamblea Legislativa la revisión de las licencias gremiales. La Provincia dará de baja 600, registradas como “asesoramiento técnico” en las planillas oficiales. Según los funcionarios actúan como incentivadores exclusivos de paros y movilizaciones.
La pulseada es política. Cada tanto, el gobierno de Vidal procura la atención en la causa judicial que in- volucra a Baradel en desfalcos con el IOMA, la obra social provincial. Ahora es la sospechada “plata negra” de los gremios. Mientras, relega el tratamiento parlamentario de la modificación del Estatuto Docente, que incluye especialmente régimen de licencias. Por ausentismo se consumen 17.000 millones de pesos anuales. Y por eso, Vidal estimula la presencia de maestros en las aulas con el premio de 6.000 pesos.
En el fondo se discute escasez. De los $ 638.000 millones de Presupuesto 2018, Educación tiene asignado el 31% de ese gasto. Pero, el 98%, casi la totalidad, está destinado a sueldos.
Un punto de aumento salarial representa 700 millones de pesos. Vidal sólo podría conceder un incremento superior al 20% con mayor deuda publica. Las acreencias ya comprometen el 7% del Producto Bruto Geográfico bonaerense. La opción es bajar el rojo de 31.000 millones de pesos, por contracción de gasto con despidos incluidos. O aumentar la presión impositiva y el cuadro tarifario de servicios en manos del estado. Demasiado complejo para el gradualismo gobernante, en tensión con la demanda social, inflación condicionante, anomia de inversiones y sostenimiento del crédito político hasta 2019. ■