El 2 de abril y el futuro de Malvinas
El 2 de abril de 1982 marcó un punto de inflexión en la prolongada controversia por las Islas Malvinas. Sin duda, la responsabilidad mayor de lo sucedido hace 36 años incumbe al Estado argentino. El Derecho Internacional prohíbe el uso de la fuerza para dirimir las controversias, aun cuando se tenga razón. Por eso, varios Estados que apoyaban a la Argentina en su reivindicación de soberanía votaron a favor o se abstuvieron en la Resolución 502 del Consejo de Seguridad que ordenaba el retiro de tropas argentinas.
Si el uso de la fuerza fue una desgraciada maniobra política de la dictadura militar, también es cierto que el gobierno de la Sra. Thatcher hizo todo lo posible para evitar una salida pacífica de la crisis.
El desenlace militar no puso fin a la controversia. En 1982, el representante británico ante el Consejo de Seguridad adujo que el motivo de la convocatoria no era discutir quién tenía razón en la cuestión de fondo, sino rechazar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Invocó el artículo 40 de la Carta de las Naciones Unidas, que indica que las medidas provisionales que el Consejo adopte no perjudicarán los derechos o las posiciones de las partes interesadas. Poco después del cese de hostilidades, la Asamblea General adoptó la Resolución 37/9 en la que reiteraba que la situación colonial requería la solución pacifica de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido teniendo en cuenta los intereses de los habitantes.
Hace 36 años que la Argentina solicita reanudar las negociaciones sobre soberanía. Los sucesivos gobiernos han adoptado a veces posiciones más duras o más conciliadoras. La respuesta negativa es siempre la misma. Esto no es sorprendente. Sí lo es que no intentemos otras alternativas para obtener un resultado diferen- te. Es lo que proponemos para romper la inercia. La postura británica finge ignorar la existencia del problema. Y en la Argentina muchos prefieren convivir con el problema. Elegimos una tercera vía: la de buscar una solución, como lo hacen los países que se enfrentan a actitudes recalcitrantes de aquellos que rechazan la negociación, controlan la situación y buscan mantenerla indefinidamente. Por ejemplo, la República de Mauricio, que tiene una controversia con el Reino Unido comparable a Malvinas (el archipiélago de Chagos), buscó y obtuvo un pedido de opinión consultiva de la Asamblea General a la Corte de La Haya. Frente a la negativa de Australia, la pequeña Timor Oriental le impuso un mecanismo de conciliación a fin de delimitar la plataforma continental entre ambos. La conciliación es un medio de solución de controversias que se somete a una comisión, que sigue un procedimiento similar al arbitraje pero en el que las partes pueden discutir no solo la cuestión de derecho, sino también aspectos prácticos en vistas a la solución del problema. La comisión formula una propuesta que no es vinculante. Solo se aplica si las partes lo aceptan. Invitar al Reino Unido a una conciliación es un paso positivo, sea cual fuere su reacción.
Si queremos estar preparados y hacer avanzar la idea de una solución de la disputa, es necesario también formular una propuesta concreta. Ayudaría a trabajar con la opinión pública y los parlamentarios británicos. También a desmentir el mito propagandístico según el cual es la Argentina la “colonialista”. Y no menos importante, para que el pueblo argentino sea consciente de lo que sería una propuesta realista, razonable y responsable.
Todo ello requiere un consenso nacional, si es verdad que Malvinas es una política de Estado. Debe mostrarse que es la persistencia de la disputa de soberanía la que impide el desarrollo natural y sustentable de las islas.
Sin controversia habría normalidad de comunicaciones aéreas y marítimas, mejores servicios, productos frescos de calidad y menos caros, explotación racional y no conflictiva de los recursos naturales, entre muchas otras ventajas.
La imagen que trata de vender la otra parte de una Argentina que impone “sanciones” y maltrata a los isleños no tiene razón de ser. En toda controversia territorial, cada parte toma medidas para preservar sus derechos y recursos naturales. La realidad es que los argentinos somos los discriminados de múltiples maneras: desde la prohibición no escrita de adquirir tierras hasta la elección de mano de obra de otros países, sin contar la exclusión de comercio con el continente argentino, de Aerolíneas Argentinas o de los vuelos semanales directos con el territorio continental argentino.
El peor mensaje que podemos enviar a la otra parte es que podemos resolverles sus problemas y ella seguir así por tiempo indefinido. Una política hacia Malvinas debe ser necesariamente multifacética. Mejorar las relaciones comerciales con el Reino Unido, promover los contactos comerciales, culturales y deportivos con las islas, mantener y desarrollar los apoyos internacionales a la posición argentina y/o a la obligación de resolver la controversia son elementos integrantes de una política de Estado. Pero por si solos no alcanzan.
Malvinas no es la guerra de 1982. El 2 de abril es una fecha para recordar a los caídos, a los veteranos que están y a los que ya han partido. El mejor homenaje será promover nuevas acciones para encauzar genuinamente la cuestión por vías pacíficas que permitan su solución. ■