Clarín

Ercolini levanta el secreto fiscal sobre Cristóbal López para embargar bienes

El juez también lo dispuso sobre De Sousa y Echegaray. Busca recuperar la deuda de $ 8.000 millones.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

El 26 de marzo el juez Julián Ercolini firmó el levantamie­nto del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre Cristóbal López, Fabián De Sousa, ocho empresas del Grupo Indalo y también, sobre Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP. La medida había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigac­ión donde se investigó la maniobra con la que el empresario K, durante el úl- timo gobierno de Cristina Kirchner, no pagó $ 8.000 millones al fisco correspond­ientes al Impuesto a la Transferen­cia de los Combustibl­es (ITC). Comenzó así, el trabajo para determinar la evolución patrimonia­l de los acusados y afectar sus bienes al millonario embargo dictado.

La Justicia determinar­á cuál es el patrimonio del empresario kirchneris­ta que logró pasar de una docena de empresas en 2003, a 170 finalizada la gestión de Cristina Kirchner. Tal como informó Clarín, una valuación parcial de los bienes de López arrojó un valor de $ 3.321 millones. Pero es sólo parte de su fortuna compuesta de casas, campos, barcos, aviones privados, vehículos de alta gama, departamen­tos, entre otros bienes registrabl­es. El juez Ercolini quiere saber a cuánto asciende el patrimonio de cada uno y para que afronten la deuda generada con el fisco, algo que ya había mencionado Clarín.

El fiscal Gerardo Pollicita requirió en dos oportunida­des el levantamie­nto del secreto fiscal, bancario y bursátil de Cristóbal López y de las empresas Inversora M&S, Oil M&S, CPC SA, Ganadera Santa Elena SRL, La Proveedora de la Construcci­ón SRL, South Media Investimen­t SA, Telepiú SA e Indalo Inversione­s SA. La medida alcanza a Fabián De Sousa socio del empresario K.

Ercolini tomó la decisión de darle curso al pedido del fiscal luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña, en un polémico fallo, dijera que López y De Sousa no cometieron una defraudaci­ón al Estado -como había determinad­o Ercolini- sino una evasión simple. Cuando los procesó, el juez les trabó un embargo de $ 17.000 millones a cada uno. La cifra se des- prendió de un informe de la AFIP, durante la gestión de Alberto Abad, que contabiliz­ó la deuda actualizad­a de Oil Combustibl­es SA con el fisco.

Sin embargo, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah considerar­on que el delito cometido era más bien una retención indebida de tributo, que se arregla con el pago de la deuda. En esta misma línea, se modificó la medida cautelar dictada y el embargo se redujo a $ 8.945 millones para cada uno de los tres procesados.

Ante este escenario, según confirmaro­n fuentes judiciales a Clarín, el juez Ercolini hace una semana ordenó el levantamie­nto fiscal, bancario y bursátil de los acusados.

Con la decisión, el magistrado avanza hacia la determinac­ión del patrimonio del empresario K, su socio y el ex titular de la AFIP durante el gobierno anterior. A su vez, podrá determinar la evolución patrimonia­l de los implicados y de las ocho sociedades alcanzadas por la orden del levantamie­nto fiscal, bancario y bursátil. Ercolini remitió los respectivo­s oficios a los organismos del Estado tras la firma de la medida.

La Justicia tal como advirtió en su escrito Pollicita, busca evitar “una posible dilapidaci­ón” de bienes que “conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito”.

La próxima instancia, después del análisis correspond­ientes de la informació­n bancaria y financiera, será la afectación de una serie de bienes al embargo trabado por la justicia. “Antes la Cámara de Casación deberá definir si el embargo queda en $ 8.900 millones o si se hace lugar a la apelación de la AFIP que insiste en los $ 17.000 millones”, explicaron fuentes de la causa a este medio.

Entre los bienes que podrán ser afectados al embargo hay 70 inmuebles, 1.266 automóvile­s (propiedad de las empresas), motos, maquinaria­s, 4 embarcacio­nes y 5 aeronaves. Todo pertenece al empresario K y una porción minoritari­a a De Sousa.

Respecto a Ricardo Echegaray, el fiscal Pollicita pidió identifica­r bienes y demás activos que registre el ex Administra­dor de la AFIP, para hacer efectivo el embargo dictado.

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Libre. El empresario K posa en Puerto Madero, donde vive, tras salir de la cárcel. Sigue procesado y la Justicia lo investiga.

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