La Amnistía de Sting y Peter Gabriel agita la bandera del bloqueo en Twitter
Para la generación de argentinos que eran jóvenes en la primavera democrática de 1983, Amnistía (Amnesty en inglés) es una palabra que trae los mejores recuerdos. El de aquel gran recital en la cancha de River para tomar mayor conciencia acerca de los derechos humanos a nivel global. Fue el 15 de octubre de 1988 y vinieron Peter Gabriel, Sting, “El Jefe” Bruce Springsteen, Tracy Chapman y el senegalés Youssou N’Dour. Acá se sumaron dos de los máximos rockeros argentinos: Charly García y León Gieco. Fue una fiesta para cien mil personas, con un capítulo anticipado en Mendoza, y la imagen de Sting bailando en el escenario con las Madres de Plaza de Mayo. Se celebraba la libertad recién recuperada. La grieta era otra. La Argentina era otra.
Por eso sorprende y lastima que la palabra Amnistía, la versión de cabotaje de la ONG que aún sigue defendiendo los derechos humanos en el mundo, haya quedado asociada a un ejercicio de censura. Hace un par de semanas, Amnistía Argentina (amnistiar en la versión para las redes sociales), difundió un informe sobre los ataques en Twitter de algunos tuiteros a fines del año pasado supuestamente dirigidos por el Gobierno. Los calificó de cibertropas, para jolgorio de los propios acusados, y pidió límites de expresión para los dueños de esas cuentas que suelen criticar a dirigentes políticos y también a periodistas. Así de simple. No se encontró mejor remedio que reclamar “herramientas de detección y bloqueo” para clausurar el mal. Coacción. Censura. No muy lejos de la que se ejerce sobre los usuarios de internet en países como China, Cuba o Venezuela.
El informe es un seguimiento de algunas cuentas de Twitter que interactúan con las de nueve periodistas independientes y dos dirigentes: el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; y Mariela Belsky, la directora de Amnistía Argentina. El objetivo está claro desde el principio: demostrar que la ejecutiva de la ONG estaba siendo atacada por una organización conducida desde la Casa Rosada, al igual que el resto de las personas incluidas en el trabajo. El problema es que entre los supuestos trolls hay cuentas que adquirieron cierta celebridad por sus críticas corrosivas, su incorrección política y por su identidad comprobable.
El cyberbullying es una práctica molesta y muchas veces injusta que sufren todos los usuarios de las redes sociales. Pero es parte del juego y una consecuencia inevitable para quienes participan del torbellino de Twitter. El kirchnerismo le ejerció sin piedad durante los últimos años en que fue gobierno y el ma- crismo ha echado mano también al mismo recurso. La izquierda trotskista y el ultraliberalismo copian el mismo sistema pero a través de un ejercicio mucho más casero, con usuarios reconocibles e incluso legisladores y dirigentes importantes que se revuelcan sin culpas en el estiércol tuitero.
El problema del informe sobre cyberbullying que difundió Amnistía es que está sesgado sobre un sector político, el macrismo, al que le adjudica el patrimonio del mal en las redes sociales. Ni una palabra sobre el resto de las fuerzas que experimentan la militancia política en el territorio digital. No es la primera vez que le sucede. El año pasado utili- zó el prestigio histórico de su nombre para arriesgar que la muerte del joven Santiago Maldonado había sido el producto de una desaparición forzada llevada a cabo por el Estado. Las pericias forenses y la investigación judicial demostraron una realidad diferente.
Al menos Amnistía no cayó en el pecado de operar directamente sobre los hechos para tratar de construir un relato de ficción sobre el caso Maldonado como sí lo hicieron abogados de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, otra de las organizaciones que dilapidaron el prestigio conseguido en los días bravos de la dictadura militar. Es cierto que en aquel tiempo contaba con integrantes de la talla moral de Graciela Fernández Meijide. El desafío del presente para estas ONGs en crisis es mantener el equilibrio ante la coyuntura y no dejarse llevar por la corriente arrasadora de los intereses políticos.
El único dirigente que aprovechó el informe de Amnistía fue Leopoldo Moreau, diputado de origen radical que se ha pasado a las filas del kirchnerismo. Acaba de conseguir que lo nombren presidente de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, quizás por la experiencia que recogió como comisario político de los canales de TV que tenía el Estado durante la gestión de Raúl Alfonsín. Con la bandera de las cibertropas denunciadas por Amnistía en la mano, citó a ejecutivos de Facebook y de Twitter para que declaren el jueves en el Congreso. Es fácil advertir entonces hacia adónde apunta el viento.
Como lo viene demostrando el escándalo que está arrastrando a Facebook por las denuncias contra Cambridge Analytica y su influencia sobre los resultados electorales del Brexit en Gran Bretaña, el verdadero desafío en el universo digital es la protección de los datos de los ciudadanos.
En la Argentina y en cualquier parte del mundo, la seguridad informática y los derechos de la vida privada son objetivos mucho más primordiales y bastante más perdurables que pedir la censura de unos cuantos tuiteros para cuidar el tesoro pasajero de cualquier reputación profesional.
El problema del informe que difundió Amnistía es que está sesgado sobre un sector político, al que le adjudica el patrimonio del mal en las redes.