Sin condenas, murió el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt
Poder. Tenía 91 años. Gobernó entre 1982 y 1983. Estaba siendo juzgado por genocidio y delitos de lesa humanidad.
El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, quien era juzgado por genocidio y delitos contra la humanidad, murió ayer a los 91 años en su casa. De este modo, no llegó a ser condenado por los crímenes de guerra que nunca reconoció. Ríos Montt fue uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina. La simple mención de su nombre desencadena en Guatemala recuerdos y heridas, de esas que 21 años después del fin de la guerra civil aún no cicatrizaron.
Nacido en Huehuetenango el 16 de junio de 1926, Ríos Montt se crió en un entorno rural y en 1943, con tan solo 17 años, empezó la carrera de armas en el Fuerte de San Rafael de Matamoros para luego ingresar como cadete en la Escuela Politécnica, una prestigiosa academia militar con sede en San Juan Sacatepéquez, al norte de la capital. Poco a poco fue subiendo escalones militares hasta que en enero de 1973 alcanzó el grado de general de brigada y le fue conferida la jefatura del Estado Mayor General del Ejército guatemalteco, aunque apenas dos meses después, en abril, renunció a sus galones militares para presentarse a las elecciones presidenciales del 3 de marzo de 1974, donde fue derrotado. Desde ese año, cuando se presentó como candidato presidencial del desaparecido partido Democracia Cristiana, hasta la fecha, este militar retirado de 91 años ha sido uno de los protagonistas principales de la vida política de Guatemala
Se destacó como militar de línea dura, pastor de una congregación evangélica fundamentalista, mesiánico líder político de derecha, eterno aspirante a la Presidencia e icono de la brutal represión desatada por las Fuerzas Armadas durante los años más cruentos de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996. El 23 de marzo de 1982 integró la Junta Militar designada por los oficiales jóvenes del Ejército que por medio de un golpe de Estado derrocaron al entonces presidente, el general Fernando Romeo Lucas García. Tres meses después, disolvió la Junta Militar y se autoproclamó Jefe de Estado, presidente de la República y Comandante General del Ejército, un cargo en el que una de sus primeras medidas fue poner en marcha los Tribunales de Fuero Especial.
En ellos, los jueces, con el rostro cubierto, condenaron a muerte a 16 personas, y obligaron a los indígenas a integrarse a las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil, grupos paramilitares de control y represión. Durante los 17 meses que Ríos Montt gobernó de facto el Ejército, perpetró más de 250 matanzas colectivas de indígenas, sobre todo en las zonas del oeste y noroeste del país, en las que murieron más de 25.000 personas.
El 8 de agosto de 1983 Ríos Montt fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por su entonces ministro de la Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien gobernó el país hasta enero de 1986, cuando se instauró la democracia.
A finales de 1989 Ríos Montt, junto a un grupo de antiguos militares y políticos de extrema derecha, fundó el Frente Republicano Guatemalteco, el partido que le permitió ser reelegido como diputado del Congreso desde 1994 hasta 2012, cuando concluyó su último período legislativo.
Ríos Montt logró el apoyo de la Corte de Constitucionalidad para inscribirse como aspirante al cargo en las elecciones de 2003, que perdió de forma aplastante. La Justicia empezó a acercarse al general para que respondiera por los crímenes cuando en diciembre de 1999 la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, presentó una querella contra ocho ex altos cargos militares, Ríos Montt entre ellos, ante la Audiencia Nacional de España. En enero de 2012, tras cumplir su último período como diputado y perder la inmunidad, Ríos Montt se presentó ante la Justicia para afrontar las acusaciones contra él presentadas en 2007, y una jueza lo incluyó en el proceso y ordenó su prisión preventiva domiciliaria. En mayo de 2013, fue condenado a 80 años de prisión al ser encontrado culpable de la muerte de 1.771 indígena ixiles, una decisión que el Constitucional anuló por irregularidades. De ahí se inició un nuevo proceso, a puerta cerrada y sin posibilidad de condenarlo a prisión por su demencia senil, que concluyó con su muerte. ■